Estoy de acuerdo en que se sancione con 7.500 euros a una constructora que invadió una parcela verde donde depositó vertidos de obras. Pero nada se dice de la ocupación de aceras para acopiar materiales de la obra y que poniendo una cinta prohíben a los ciudadanos transitar por ella, y habiendo comprobado cómo la descarga de materiales peligrosos pasa por encima de las personas que transitamos por esa zona. Todo ello debe ser porque las zonas verdes deben tener más derechos que las personas, por la importancia que tienen los ecologistas, para los sancionadores. Espero que se tome debida nota de la importancia de las cosas a la hora de sancionar.
