Hace unos días no salía de mi asombro y estupefacción ante la denuncia pública de algunas organizaciones de agricultores, cuyos dirigentes, aparentemente indignados, censuraban las medidas de la Ministra de Trabajo para que la Inspección de Trabajo realizase su actividad sin ningún obstáculo y así evitar no sólo la inmigración ilegal y clandestinidad de los trabajadores del campo, sino también para controlar las condiciones de seguridad y dignidad en las que se debe realizar los mismos y evitar prácticas de semiesclavitud.

Reprobar el refuerzo de la Ministra de Trabajo a la Inspección de Trabajo y tildarlo de CRIMINALIZACION no sólo me parece desmesurado e injustificado, además de reprochable, ya que esta acusación atenta gravemente contra la dignidad y honor de la Ministra y, al propio tiempo, daña la imagen de los agricultores en general, porque induce a pensar que, normalmente, actúan con total impunidad sin respetar las normas más elementales de protección en el trabajo, laborales y de seguridad.

Por referir una situación análoga, me resultaría inimaginable que ante una campaña de la Agencia Tributaria para perseguir el fraude pudiéramos censurar a la Ministra del ramo como criminalizadora, por poner los medios para evitar la defraudación, siendo conscientes que esto redunda en beneficio de la sociedad y de que la mayoría de los españoles somos responsables y cumplimos nuestras obligaciones.