A la atención de Candela G. Laguna. Me dirijo a Vd. entendiendo que es la autora del artículo al que más adelante haré referencia, pensando que, tal vez, resulte de su interés emprender el seguimiento de la aplicación práctica entre los colegios concertados religiosos de la ciudad de Valencia -y más que probablemente de toda la Comunidad Valenciana y del resto del Estado- en la que desemboca la gestión de las ayudas recibidas por estos, más allá de su asignación presupuestaria habitual, para combatir la epidemia Covid-19. Y, sin más demora, y recordando aquello de que «de muestra sirve un botón», paso a resumirle brevemente el caso particular que conozco de primera mano. Uno. Mi hermana de 61 años sufrió en su momento graves maltratos por los que llegó a ser considerada oficialmente como víctima de violencia de género, al tiempo que, a causa de las secuelas, recibió por parte del órgano competente el reconocimiento de un 48% de discapacidad. No trabaja y, con el exiguo y único ingreso del actual subsidio mínimo por desempleo, no sólo sobrevive sino que lleva adelante ella sola la crianza y educación de su única hija de 13 años en lo que, recientemente, ha dado en conocerse como «unidad familiar monoparental».En tales condiciones, mi hermana solicitó en el plazo pertinente la beca de comedor para su hija, mi sobrina alumna de 2º de la ESO, que le fue concedida para el curso escolar 2020-2021 en la mayor cuantía prevista por la Conselleria de Educación al recibir su solicitud la puntuación máxima de las exigidas para beneficiarse de esta convocatoria Dos. El diario Levante-EMV de 12 de agosto de 2020, publicaba el listado de los centros concertados de la Comunidad Valencia que recibirían subvenciones para hacer frente a la pandemia, extraído del Decreto 109/2020, de 7 de agosto, del Consell, de concesión directa de subvenciones a centros educativos concertados para la organización y el desarrollo del curso 2020-2021 por la Covid-19, publicado en el DOGV nº 8879, de 12 de agosto de 2020, (páginas 31826 a 31835). Entre los centros que aparecen en dicho decreto figura el Colegio San Roque al que allí se adjudican 31.410 € para tal fin.

Tres. Ahora, recién comenzado el actual curso escolar, el colegio concertado San Roque al que acude mi sobrina exige a mi hermana el pago de 40 euros mensuales para que la niña pueda acudir al comedor escolar. Literalmente: o paga o no la admiten en el comedor.

Puede apreciarse a simple vista que, entre los puntos expuestos hasta ahora, existe en primer lugar una contradicción en los propios términos, si no algo más grave, por parte de la dirección del mencionado Colegio San Roque. Esperando resulte de su interés y sea útil tanto para el desarrollo profesional de Vd. como para la mejor solución del problema que afecta a mis hermana y sobrina, le saluda atentamente.