Carlos Rodríguez, Onda

«Las antenas de telefonía móvil nos están matando». Con estas graves acusaciones, la afectada y hasta hace poco una más de las residentes de la plaza España, Mari Carmen Prades, denunciaba las repercusiones de las baterías que una comunidad de vecinos tiene instaladas en la azotea de su vivienda, sobre la salud de las personas.

Hay contabilizadas «once muertes por cáncer y numerosos afectados por enfermedades neurológicas, problemas de insomnio y dolores de cabeza desde que la compañía de telefonía colocó las antenas», corrobora Mari Carmen Prades, que junto a los vecinos Agustín García y Antonia Pascual, emprendió hace años una lucha encarnecida para que la firma de telefonía, ayuntamiento, Generalitat o los residentes de la finca, que reciben una compensación económica por permitir las antenas en su tejado, retiren el equipo base de telefonía. Sin embargo, hasta la fecha, no existe ninguna sentencia que avale las radiaciones de las antenas de telefonía como causa directa de la aparición de tumores malignos en las personas.

En medio de esta batalla, los médicos le diagnosticaron una afección oncológica, similar enfermedad de la que falleció su marido después de instalar las antenas. Pero Mari Carmen, lejos de amilanarse, ha retomado todas las acciones legales a su disposición para que el problema que está padeciendo no se repita «en otros casos en potencia, ya que la plaza de España, además de albergar a cientos de vecinos, es zona habitual de juego de niños y lugar de reunión de personas mayores».

Una de estas acciones ha consistido en una recogida de firmas que ya entregaron al ayuntamiento. Mari Carmen Prades, Agustín García y Antonio Pascual, gracias al apoyo de algunos comercios y vecinos de Onda, lograron recopilar cerca de 2.000 firmas que entregaron al alcalde de Onda, Enrique Navarro. Sin embargo, todas las medidas administrativas, como los estudios realizados de radiaciones y denuncias, no han servido hasta la fecha de gran cosa, ya que las antenas continúan en el mismo emplazamiento.

Aunque algunas de estas acciones legales todavía están en trámite, los residentes no quieren sufrir más riesgos y han decidido trasladar a la opinión pública un problema que «nos puede afectar a todos». Por ello, no descartan convocar una manifestación y demás acciones de protesta para convencer a las autoridades y a las comunidades de vecinos que «prefieren una compensación económica antes que velar la buena salud de los ondenses» para que rescindan el contrato con la empresa de telefonía.

Más decisiones personales

En el terreno estrictamente personal, Mari Carmen Prades también ha tomado una serie de decisiones que han cambiado por completo su vida cotidiana, y aunque en cuestiones de otra índole no hubiera sido partidaria de revelar su caso y mucho menos su identidad, la gravedad del asunto le ha hecho armarse de valor y denunciar ante la sociedad civil su actual situación.

Tras el informe sanitario y la operación a la que fue sometida el pasado 25 de julio, «mi familia y yo decidimos abandonar la vivienda contigua a la plaza de España y alquilar una casa en Tales, -población ubicada a unos cinco kilómetros de Onda-, con el propósito de alejarnos de las antenas que hay repartidas por diversos puntos de la ciudad». Una resolución, que según indicó Mari Carmen Prades después de conversar algunos vecinos, «están pensando imitar algunos residentes de la zona».

Y es que la «víctima», como ella misma se define, reconoce tener «pánico» a las antenas situadas a escasos metros del inmueble de su propiedad de la calle Alfonso Pallarés. Por este motivo, «prefiero residir en Tales», afirmó, aunque su deseo es «volver a Onda», donde posee su empresa y sus amistades, una vez trasladen las antenas de telefonía fuera del casco urbano.