Nacho Martín, Castelló

El proyecto de informe del Comité de Peticiones de la Unión Europea en torno a las presuntas irregularidades derivadas de la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) insta a la Generalitat Valenciana a indemnizar a todos los afectados que han visto violado su derecho a la propiedad privada, según confirmaron ayer fuentes del Parlamento Europeo.

En función de las últimas estimaciones de la Plataforma Abusos Urbanísticos No, la aplicación de este dictamen obligaría al Consell a compensar económicamente a más de 5.000 familias afectadas por la aplicación de la ley en la provincia de Castelló.

La propuesta de informe del Comité de Peticiones, documento que todavía no ha sido difundido de forma oficial, será expuesta el próximo día 11 de octubre por la eurodiputada francesa Janelly Fourtou.

Ésta última es la parlamentaria que presidió la comisión de eurodiputados que viajó a la zona de Levante el pasado mes de junio con el objetivo de investigar las presuntos abusos urbanísticos amparados en la LRAU en las provincias de Castelló, Valencia y Alicante.

La comitiva parlamentaria, formada por cuatro eurodiputados de distintas tendencias políticas, recibió en la Universitat de Valencia a más de 300 representantes de colectivos afectados por presuntas irregularidades urbanísticas consentidas por el Gobierno Valenciano. Una quincena de colectivos castellonenses representó sensibilidades tan diversas como las afecciones por los proyectos Mundo Ilusión, Benicàssim Golf, Els Mestrets, el desarrollo urbanístico de la Renegà de Orpesa y su entorno, PAI de Torrelasal, etc... La delegación de Castelló copó el 50% de las quejas presentadas a la comisión de europarlamentarios.

Fuentes parlamentarias explicaron ayer que los resultados del informe de Fourtou serán examinados por el Comité de Peticiones y, tras un periodo de enmiendas, serán elevados al Parlamento Europeo para que apruebe el informe definitivo en el último pleno del mes de noviembre. El resultado del mismo será remitido al Gobierno español y a la Generalitat Valenciana para que apliquen las medidas oportunas.