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El presidente de la diputación, Carlos Fabra, sabe desde hace un año que no puede vetar en el pleno las preguntas que le formulen sobre sus causas judiciales. A pesar de ello, en la sesión del mes de julio retiró la palabra al portavoz socialista, Francesc Colomer, e incluso amenazó con expulsarlo de la sala.

El mandatario popular venía advirtiendo a Colomer que había encargado a los servicios jurídicos un informe que diera cobertura legal a su decisión de retirar la palabra a Colomer cada vez que éste use el turno de ruegos y preguntas para plantear cuestiones sobre el "caso Fabra". La advertencia se consumó en la sesión del pasado 29 de julio sin que el dictamen apareciera por ninguna parte. Y eso que el presidente dispone del documento desde hace un año. Lo encargó el 8 de octubre de 2008 y el oficial mayor lo concluyó cinco días después, el 13 de octubre.

El escrito deja claro que "no cabe la posibilidad de establecer límites a priori", "toda vez que resultaría del todo inconstitucional privar a los miembros corporativos de la opción de formular ruegos o preguntas, antes de que éstas se formularan". Si se ha de ejercer algún control "deberá ser a posteriori" de la formulación del ruego o la pregunta, "en orden a una futura respuesta o actuación de la administración". De manera que Fabra no puede prohibir que Colomer pronuncie en voz alta enunciados del tipo: "¿Cuántos años de prisión han de pedirle para que se marche?" o "¿quién le ingresaba dinero en sus cuentas y a cambio de qué?".

Lo que puede hacer es negarse a responder si entiende que el tema no tiene que ver con el ámbito de la diputación. El mismo informe da parcialmente la razón al líder del PP cuando señala que "el contenido de los ruegos y preguntas deberá adaptarse al campo de actividad propio de los órganos de gobierno en el ámbito de su actuación política o administrativa. Fabra mantiene que las causas judiciales que tiene abiertas en Nules forman parte de su esfera privada, mientras que Colomer sostiene que influyen en la actividad de la diputación y contribuyen a la paralización institucional.

Así que el presidente de la diputación no tiene cobertura legal para poner fin a los "numeritos" del jefe de la oposición, que ha asumido la iniciativa política gracias a sus baterías de preguntas incisivas en el tramo final del pleno. El propio Carlos Fabra se quejaba amargamente en una respuesta por escrito del carácter "retórico" de las preguntas de Colomer, en las que "no se espera abiertamente una respuesta, ya que la finalidad pretendida por el interlocutor se cumple con la mera formulación de la pregunta, que esconde siempre una acusación manifiesta, faltando a todas las reglas y límites".