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La avenida de sentencias contra el Ayuntamiento de Castelló no cesa y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha emitido un nuevo fallo judicial que obliga al consistorio a una devolución de más de medio millón de euros a la empresa British Petroleum (BP) por un cobro excesivo en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), según confirmaron ayer fuentes próximas al tribunal.
Esta resolución exige un pago que podría superar el medio millón de euros y da la razón a la mercantil en un recurso que versa sobre los impuestos liquidados durante el periodo 2008-2009.
La demanda judicial consideraba irregulares las bases impositivas aplicadas por el ayuntamiento castellonense, el cual fundamentaba su decisión en la ordenanza fiscal aprobada en diciembre de 2005.
Esta norma municipal derogaba la ordenanza fiscal de octubre de 2003 y tenía como objetivo adaptarse al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
Finalmente, el ayuntamiento ha vuelto a perder ante los tribunales y el error será resarcido a cargo de unas arcas municipales mermadas por la crisis económica y por la caída de ingresos en materia de impuestos como el de construcción, actividades, plusvalías y otros de carácter estatal que se transfieren parcialmente a las entidades locales.
Suma y sigue
La nueva sentencia se suma a las dos que invalidan el PAI Mestrets, la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la anulación del acuerdo para construir el emisario submarino, la urbanización del entorno de Cerámicas Gómez, el PAI Guitarrista Tárrega, la indemnización al restaurante de la antigua Casa de Baños por las obras del Parque Litoral, el Plan Urbanístico de la Ciudad Jardín de Gran Vía o el pago millonario por el conflicto del Hotel Roma heredado de corporaciones anteriores.
En un plazo de menos de cinco años, el consistorio castellonense ha visto cómo los tribunales obligaban a rectificar importantes decisiones -la mayor parte de ellas en materia urbanística- que en muchos casos habían sido objeto de controversia política y movilizaciones vecinales. Pocos meses después de pagar alrededor de 1 millón de euros por la indemnización a la empresa Cerámicas Gómez, el ayuntamiento deberá afrontar una nueva carga económica que se suma a la parálisis urbanística que ha supuesto la suspensión del PGOU por espacio de un año, circunstancia que ha agravado aún más la desaceleración del sector de la construcción en la capital de la Plana.
