­La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) contabiliza en los últimos cuatro años 63 proyectos urbanísticos de Castelló en los que ha emitido un informe desfavorable por deficiencias que no han sido corregidas por los ayuntamientos.

El diputado de Iniciativa en el Congreso Joan Herrera preguntó al gobierno central sobre aquellos programas urbanísticos (modificaciones del Plan General, PAI, etc) que han recibido el informe contrario de la CHJ durante los últimos cuatro años en la demarcación provincial de Castelló.

En su respuesta por escrito, el gobierno detalla un amplio listado de proyectos. Según matiza, el criterio seguido para su confección ha sido el de «incluir todos aquellos instrumentos sobre los cuales se ha emitido informe desfavorable y que, con posterioridad, no ha habido una aportación de documentación complementaria que subsane los motivos» del informe contrario.

Hasta 63 proyectos se encuentran en esa situación. Hay modificaciones del Plan General, PAI y planes parciales. Borriol es el municipio de la provincia con más programas urbanísticos con informes contrarios no subsanados. Le siguen Vall d´Alba y Castelló con cuatro. También hay ayuntamientos socialistas que no han seguido las indicaciones de la CHJ, como Benicàssim, Vinaròs o la Pobla Tornesa.

La Generalitat es la responsable de la política territorial de la Comunitat Valenciana y de la aprobación final de los programas urbanísticos. Sin embargo, es preceptivo que la CHJ, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, emita un informe que no es vinculante.

Cuando la Confederación del Júcar se posiciona en contra de un proyecto es porque entiende que no está justificada documentalmente la disponibilidad de agua. También emite informes negativos si hay carencias en los planes de inundabilidad o si no se han resuelto adecuadamente los vertidos.

Pese a no ser vinculantes, los criterios de la CHJ son muy relevantes por cuanto se refieren a cuestiones clave en el desarrollo de un programa urbanístico: el abastecimiento de agua, el riesgo de inundación y el vertido de aguas residuales.

La gran cantidad de proyectos con informes desfavorables en la provincia de Castelló denota la celeridad e improvisación con que se tramitaron muchos de ellos en los años del «boom» inmobiliario.