El pasado 25 de mayo, la Generalitat y la diputación salieron al rescate de la empresa textil Marie Claire y pusieron a su disposición un aval de dos millones de euros para que pudiera completar su plan financiero. Pues bien, la histórica firma eludió finalmente utilizar esta ayuda pública por ser «innecesaria», según admitieron ayer fuentes de la compañía. Marie Claire acaba de presentar un expediente de regulación de empleo de extinción que afecta a 225 trabajadores de las factorías de Castelló y Vilafranca.
La empresa ya aplicó otro proceso de extinción de contratos en febrero de 2009 por que el que acabaron en la calle 92 trabajadores. Tres meses después las administraciones públicas firmaban con ella un aval de 2 millones. La firma requería 9 y 9,5 millones para su programa financiero, y tal como explicaron ayer desde la dirección, la compañía contó con suficientes garantías para poder obtener esta cantidad de los bancos.
Ahora, Marie Claire prevé el despido de otros 225 empleados. Ayer informó en un comunicado que los trabajadores pertenecen a los dos centros de trabajo (Vilafranca y Borriol) y que el expediente abarca a las áreas productiva, logística, administrativa y de ventas. «Tras esta acción la empresa considera que ha finalizado el proceso de reestructuración que ha venido ejecutando durante los últimos cinco años y que le permitirá afrontar los próximos ejercicios con una estructura acorde a los niveles actuales de demanda, que se ha visto muy afectada durante los dos últimos ejercicios como consecuencia de la crisis de consumo», añadieron las mismas fuentes.
Tras la ejecución de la medida, mantendrá un nivel de empleo de 650 personas, la mayoría de las cuales pertenecen al centro de trabajo de Villafranca, donde se encuentra ubicada la fábrica de medias y calcetines.
La sociedad continúa, por su parte, en un proceso de refinanciación de su deuda para poder hacer frente, entre otras gastos, al pago de atrasos y pagas extras a los trabajadores, añadieron desde el sindicato de Comisiones Obreras.
Dirección y Comité de Empresa tienen 30 días para negociar la propuesta. UGT expresó su oposición al ERE, y advirtió que «no está dispuesto a aceptar esta nueva reducción de puestos de trabajo, después de que hace tan sólo un año ya hubiese alrededor de 90 despidos».
El secretario general de la Federación de Industria y Afines (FIA) de UGT Plana Alta Maestrat-Els Ports, Francisco Sacacia, explicó que el sindicato está dispuesto a negociar con los empresarios bajas voluntarias de los trabajadores que quieran optar por formar parte del ERE y la posibilidad de que los empleados puedan acogerse a las prejubilaciones e incluso a la jubilación, «pero no acepta las condiciones del ERE».
