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Los informes de la Policía Judicial que obran en el sumario Gürtel -que investiga la supuesta financiación ilegal del PP- saca a la luz que las distintas empresas de la trama emitieron entre 2005 y 2008 facturas por más de 780.000 euros para la organización de eventos del Partido Popular y de la Generalitat Valenciana celebrados en Castelló.
Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo de Capitales conceden especial relevancia a las operaciones que llevaron a cabo en Castelló el PP y la supuesta red empresarial dirigida por Francisco Correa, dentro de la cual destaca especialmente el papel de Orange Market S.L., la mercantil gestionada por Álvaro Pérez ("El Bigotes").
La suma de las relaciones de recibos detectadas por la policía incluye gastos por actos en el Auditorio y Palacio de Congresos y en el Hotel Intur, presentaciones y fotos de candidatos, ruedas de prensa, vallas publicitarias, cenas en el Club Náutico, desayunos, aportaciones de "fondos B" en dinero negro de empresas adjudicatarias de administraciones públicas, un vídeo de la cena de Mariano Rajoy en Castelló en 2008, pancartas publicitarias, campañas y congresos organizados por Castelló Cultural... En suma, la Policía Judicial documenta decenas de recibos a firmas de la trama por valor de más de 200.000 euros en 2005, 30.000 euros en 2006 , 360.000 euros en 2007 y más de 190.000 euros en 2008.
Además, los investigadores no descartan la presencia de otros pagos debido a la supuesta opacidad de las cuentas. "La facturación de Orange Market S.L. al partido se realiza bajo una doble facturación, una real bajo la nomenclatura Alicante y otra sin factura y opaca bajo la denominación Barcelona".
Conclusiones
La Unidad Central de Delincuencia y Economía Fiscal concluye que una parte de las facturas por eventos del PP -algunas "incrementadas" o por "conceptos ficticios"- fueron desviadas a tres empresas castellonenses supuestamente implicadas en la trama (Facsa, Lubasa y Piaf).
Los informes policiales destacan que las tres firmas habrían obtenido entre 2005 y 2009 contratos públicos por más de 290 millones de euros (77,3 Lubasa, 200 Piaf y 13 Facsa). Según el sumario, "los citados empresarios han sido adjudicatarios de contratos por la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del Partido Popular sufragando actos políticos".
En palabras de la Brigada de Blanqueo, un importante volumen de los gastos emitidos por el PP "se sufraga con las aportaciones directas de empresarios de la Comunitat Valenciana (Facsa, Enrique Ortiz, Sedesa, Piaf, Lubasa) enmascarando dichas aportaciones mediante la emisión de facturas emitidas por Orange Market y con entregas directas de dinero anotado en la caja B de Orange Market como procedente del PP".
En muchos de los casos, siempre según la policía, los pagos a la trama se gestionaban directamente desde el PP de Castelló e incluso por el grupo municipal popular, algo que hasta la fecha había sido negado tanto por el presidente provincial como por el alcalde y secretario general de la agrupación local (Carlos Fabra y Alberto Fabra).
La versión de los líderes populares difiere de la de la Policía Judicial, que plasma en el sumario decenas de facturas de la trama vinculadas a Castelló por eventos en municipios como la propia capital de la Plana, Peñíscola, Benicarló, Vila-real, la Vall d'Uixó, Almassora, Sant Jordi y Onda.
Versión del PP
Por lo pronto, la única respuesta oficial del Partido Popular castellonense a las acusaciones fue dada el pasado lunes por el edil de Economía del ayuntamiento, Juan José Pérez Macián, quien subrayó que los contratos del grupo popular son legales. Al respecto, el concejal se muestra contundente: "El PP no ha realizado ninguna contratación irregular ni ilegal a ninguna empresa. Evidentemente se pagaron los servicios de la empresa desde la contabilidad del partido, como debe ser. No hemos cometido ningún delito. ¿Qué problema existe en que se contraten esos servicios, se reciba el servicio y pague se por esos servicios?".
