Orpesa pagó en 2009 más de 300.000 euros a empresas externas por servicios de jardinería

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El gasto en el servicio de mantenimiento de los jardines del municipio de Orpesa casi se triplicó en un año, al pasar de los 128.756 euros facturados en 2008 a los 327.688 euros registrados en 2009, según los datos facilitados por los servicios de Intervención del ayuntamiento, que pusieron reparos sobre la forma de contratar por parte del ayuntamiento gobernado por Rafael Albert (PP).

Los datos facilitados por los técnicos detectan el espectacular incremento de las facturas de jardinería presentadas por las empresas Oroagro, SL y Orojardín en 2008 y 2009. Se pasan de 16.911 y 102.043 euros a 86.354 y 241.334 euros, respectivamente. "Se dispara el gasto, acumulado en facturas", recalca el portavoz del Bloc en el consistorio, Josep Lluís Romero, quien reclama que "se tomen medidas y se evite el recurso continuo a a concesión a dedo de los contratos a las mismas empresas de jardinería".

Romero recuerda que ha pedido al consistorio, sin éxito, que solicite a las citadas empresas "los TC2 de los trabajadores parar comprobar que están dados de alta en la Seguridad Social".

Simultáneamente reclama que se adopten las medidas pertinentes para que "este año se evite recurrir a contratos parciales, para el servicio de jardines". Y alerta de la importante partida de un millón de euros presupuestada este año para el servicio.

Se debe, apunta el edil, sacar a concurso el servicio de mantenimiento "lo que permitiría elegir entre varias empresas y, probablemente, saldría más barato. Además nos evitaríamos los continuos reparos de Intervención por saltarnos los procedimientos administrativos".

Advertencia de la Intervención

Romero recuerda las advertencias de que el gobierno local infringe la legalidad y para ello recurre al último informe emitido, para poner reparos al reconocimiento extrajudicial, "por no haber sido presupuestadas" varias facturas de Oroagro y Orojardín en enero y febrero de 2010. El informe apunta que se "vulnera" la Ley 30/2007, de 30 de octubre, sobre Contratos del Sector Público, porque entiende que no se garantizan "los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación".