01 de junio de 2010
01.06.2010

Los sindicatos calientan motores

UGT llama a los empleados públicos y a la ciudadanía a participar en la huelga del 8 de junio

01.06.2010 | 02:00

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UGT ha realizado un llamamiento a los empleados públicos y a la ciudadanía a participar en la huelga general en el sector público y la manifestación que tendrá lugar el próximo día 8 de junio en las capitales de provincia de la Comunitat para protestar por las medidas tomadas por el Gobierno central y que supondrán la bajada de los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el recorte de políticas sociales y de las inversiones públicas.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-PV, Luis Lozano, y el secretario general de la Federació de Treballadors de l'Ensenyament (FETE) de UGT-PV, Guillermo Martí, han trasladado, en una asamblea de delegados y delegadas del sector público en Castelló, el malestar existente por las medidas tomadas por el Ejecutivo y han adelantado que el martes 8 de junio, día de la huelga general en el sector público, tendrá lugar en Castelló una manifestación a las 18,30, que partirá desde la plaza de las Aulas.
El responsable de FSP considera que el Ejecutivo ha roto de forma unilateral el diálogo social en el sector público 2010-2012, que ya contempla medidas, casi de congelación salarial para los empleados públicos (incremento del 0,3%), para hacer frente a la crisis y asegura que "éstas son unas medidas ineficaces, ya que el principal problema actual es el desempleo con más de 4 millones de parados en todo el país".
Lozano lamenta que el Ejecutivo se haya arrugado ante las peticiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que "haga recaer sobre las espaldas de trabajadores, empleados públicos y pensionistas la salida inmediata de la crisis en lugar de tomar otro tipo de medidas como incrementar la carga impositiva a los que más tienen, incrementar el IVA a los artículos de lujo, recortar aportaciones a Iglesia o Defensa y, sobre todo, luchar contra el fraude fiscal que supone unos 38.000 millones de euros anuales, o la economía sumergida".
Por su parte, Guillermo Martí, responsable de FETE, ha explicado que esta decisión del Gobierno "nos ha dejado conmocionados, ya que nunca en 32 años de democracia nunca a ningún Ejecutivo se le había ocurrido bajar el salario a los trabajadores del sector público". Martí ha defendido el trabajo de los empleados públicos y ha manifestado que "son profesionales, hacen su trabajo y después de estudiar durante largo tiempo, consiguen un puesto de trabajo y lo más importante, forman parte del Estado del Bienestar".

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