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Un informe del Interventor del Ayuntamiento de Castelló advierte que al cierre del ejercicio 2009 "no se ha cumplido" el objetivo del Plan Económico Financiero de Estabilidad Presupuestaria 2008-2011, debido a un desfase de necesidad de financiación de 22,3 millones de euros. El interventor señala que, además, también incrementó su necesidad de financiación respecto al año 2008.
Los técnicos insisten también en que los responsables políticos del Gobierno local deben respetar una correlación entre la ejecución a corto plazo del presupuesto y el Plan Económico Financiero. De hecho, los mismos informes de la liquidación del presupuesto de 2009 indican que sólo se ejecutaron el 34% de los 59 millones de inversiones previstas (algunas de las cuales se financian con cargo a un préstamo ya adquirido y sobre el que se pagan intereses). En este contexto, la Intervención advierte textualmente que "una planificación no adecuada puede poner en peligro la prestación de servicios básicos e incluso la viabilidad futura de la propia entidad local".
Los problemas económicos de la Hacienda Local deberán ser puestos en conocimiento del pleno y de la Conselleria de Economía como órgano competente que está ejerciendo la tutela financiera, la cual a su vez debe dar cuenta al Gobierno central. Para ello, el ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de 15 días hábiles.
Tampoco fueron más optimistas los resultados del informe de Intervención sobre el cumplimiento del Plan de Saneamiento Financiero 2009-2015. Dicho documento se acogía al Real Decreto-Ley 5/2009 de 24 de abril de 2009 de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago. Gracias a esta medida, el consistorio pidió un préstamo especial de 18,9 millones de euros.
Como contrapartida, el Plan de Saneamiento exigía medidas de contención del gasto, austeridad y eficacia en la gestión muy similares a las del Plan Económico de Estabilidad Presupuestaria. Entre ellas destacaba la erradicación de los pagos millonarios de facturas sin el preceptivo contrato legal.
Sin embargo, la evaluación técnica saca a la luz que en 2009 no se cubrieron las expectativas y es por ello que la Intervención exige la adopción urgente de cuatro medidas inmediatas. La primera de ellas es la elaboración de un Plan de Austeridad "en el cual deberán cuantificarse los ahorros que se produzcan en los gastos de funcionamiento de los distintos servicios".
En segundo lugar, se llevará a cabo "una revisión de las actuaciones de cada departamento en servicios no esenciales a efectos de determinar qué acciones pueden suspenderse o aplazarse a ejercicios futuros". Del mismo modo, el Interventor vuelve a pedir textualmente que la Concejalía de Hacienda proceda a "eliminar la existencia de reconocimientos extrajudiciales de crédito (pagos de facturas sin contrato)". Por último, tanto el interventor como el director del Área de Gestión Económica instan a que se lleve a cabo un seguimiento de la ejecución de los ingresos para que, en el caso de que las previsiones desciendan debido a la coyuntura económica, se aplique "de forma inmediata un ajuste en los capítulos de gastos para evitar que el ratio legal de ahorro fuese negativo".
Incumplimiento de inversiones
A priori, en 2009 la ejecución real del presupuesto se situaba en el 59% y dejaba entrever una mejoría respecto al ejercicio 2009. La cantidad total de obra pública prevista era de 89 millones de euros y a fecha de hoy quedarían pendientes 37. Sin embargo, el propio interventor matiza que cabe tener en cuenta que el 34% de la inversión completada ha sido financiada por el Plan Zapatero, alrededor de 30,5 millones. De este modo, en 2009 el ayuntamiento sólo invirtió 22 de los 59 millones de euros prometidos y consignados.
