El caso Fabra está dando más quebraderos de cabeza a los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción que el mismísimo caso Malaya, la operación más importante contra la corrupción urbanística en España dirigida por el juez Miguel Ángel Torres.
Según fuentes judiciales, si los bancos implicados en la investigación que afecta a Julián Muñoz y a Isabel Pantoja tardaron apenas 15 días en entregar las cuentas de decenas de implicados y de sociedades interpuestas, las entidades financieras afectadas por el caso Fabra han tardado más de 2 años en remitir su información al juzgado, que ya la pidió en el año 2007. Además, a fecha de hoy no todos los bancos y cajas de Castelló han cumplido con su deber de colaborar con la Justicia en el proceso contra el líder provincial del PP, ya que varios de ellos todavía no han atendido el requerimiento del juez de Nules para aportar copias de ingresos y cheques que el líder provincial del PP recibió supuestamente entre los años 2001 y 2003.
Esta anómala situación ha sido denunciada por los peritos de la Fiscalía Anticorrupción en el informe que ha detectado un supuesto fraude de un millón de euros al IRPF en las cuentas de Carlos Fabra.
Todo en regla
Caja Rural Credicoop y el Banco de Valencia en Castelló aseguran a este diario que han entregado todo el material informático que les ha pedido el juez en tiempo y forma, por lo que en ningún momento han dejado de cumplimentar la orden judicial.
Sin embargo, en el informe pericial de la Fiscalía Anticorrupción, que está concluido y obra ya en poder del juez de Nules, los peritos hacen constar que a fecha de hoy "aún carecen de determinada información". Así, los inspectores no han recibido datos sobre 6 cheques del Banco de Valencia ingresados supuestamente en cuentas de Fabra. Estos extractos fueron solicitados por los peritos al juzgado en un escrito fechado en febrero de 2009 y reclamados al banco, por el magistrado, ese mismo mes. Además, los investigadores de la Fiscalía no han podido averiguar qué pasó con diversos préstamos bancarios, así como con algunos movimientos de cuentas de los Fabra correspondientes a los años 2003 y 2004.
Finalmente, los inspectores concluyen que "no se ha aportado por Caja Rural documentación de un préstamos otorgado a Carlos Fabra, del que sólo se ha dispuesto de la información aportada por el avalista Antonio Bonet". Este empresario, ex presidente del C.D. Castellón, ya ha declarado en el juzgado de Nules, en calidad de testigo, por su relación comercial con Carlos Fabra.
A pesar de estas carencias, los peritos decidieron dar por terminado su informe. "O acababan el análisis de forma parcial o lo daban por concluido. Al final se decidieron por esta segunda opción, ya que era insostenible seguir esperando por más tiempo a que las entidades financieras entregaran todas las cuentas. La actitud de algunos bancos ha sido lo nunca visto", explican fuentes judiciales.
A pesar de esta falta de diligencia bancaria, los inspectores de Anticorrupción aseguran que "la información de que se dispone" ha sido suficiente para llegar a la conclusión: que se han hallado indicios de 5 delitos fiscales en las cuentas del presidente Carlos Fabra.
