La empresa concesionaria de la extracción de turba en el Prat de Cabanes-Torreblanca ha presentado una alternativa al proyecto de deslinde planteado por Costas que afecta a toda la superficie del parque natural.
La propuesta f0rma parte del escrito de alegaciones al acta de apeo del deslinde presentado hace 15 días por los técnicos de Costas y que recibió el rechazo de los dos consistorios afectados y los 70 propietarios. El Estado sustenta el proceso sobre unos estudios que denotan salinidad en el agua. Tras las alegaciones, la Administración tiene seis meses para responder. Los afectados disconformes pueden acudir al contencioso administrativo.
El despacho de abogados Tecnourban que representa a la concesionaria reitera que en la tramitación del expediente, que piden se declare nulo, no se ofreció toda la información a los afectados, dado que "en el anexo 4, que incluía los datos de las muestras de salinidad, no se incluyeron en el periodo de exposición pública". Añade que tampoco se demuestra que toda la superficie propuesta por Costas como zona de servidumbre marítimo terrestre "sea terreno bajo que se inunde".
En sus alegaciones, la empresa plantea un desvío alternativo que vaya desde Torrenostra a la caseta de bombeo y de allí al canal de Piteres y la Gola del Trench. Desde este punto hasta el hito M-105 plantea realizar un nuevo estudio del área afectada por la regresión en función de los "mayores temporales conocidos". Y desde el citado mojón mantener el deslinde practicado en 1993 por Costas, ya que "no ha habido variación".
La alternativa, apuntan desde Tecnourban, se basa en informes y datos científicos que aclaran la situación actual del Prat. Asimismo anuncian que efectuarán este verano mediciones de la salinidad en el entorno de la explotación.
Mientras, los propietarios afectados por el deslinde sostienen, con datos e informes, que es "insostenible" la propuesta de Costas porque "con ese criterio podría haber llegado hasta el pueblo", apostilla el coordinador del grupo Daniel Ansuátegui.
El consistorio considera que la propuesta de Costas es contraria a derecho y de ahí que no descarten acciones judiciales, según el alcalde, Juan Manuel Peraire. Además, sostiene que la "infiltración del agua del mar" a que alude Costas para deslindar es "una conclusión errónea".
