La concejala de Interior en el Ayuntamiento de la Vall d´Uixó, Elena Vicente-Ruiz ha dado a conocer la existencia de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castelló que desestima la demanda presentada por Josep Tur, líder del Partido Socialista del municipio, contra el Ayuntamiento de Vall d'Uixó, impugnando la adjudicación del contrato para la gestión del servicio público de regulación del estacionamiento limitado, conocido como la ORA a la empresa Conzesiona 3000.

Elena Vicente Ruiz ha indicado que esta sentencia les da la razón y asegura que establece que la adjudicación del contrato fue "conforme a derecho". Para la edil popular, "lo realmente preocupante es que vemos cómo el PSOE de la Vall se dedica a llevar a los tribunales todas las decisiones que toma este equipo de gobierno, y los tribunales una vez más nos han dado la razón".

Recurso socialista

El recurso presentado por los socialistas se basaba en que el consistorio había mantenido la adjudicación a esta empresa pese a que se había incumplido, según aseguraban, el pliego de condiciones al no comenzar la prestación del servicio en el tiempo marcado en el acuerdo. "Conzesiona 3000, la empresa adjudicataria, había incurrido en una falta muy grave al no haber respetado los plazos para la instalación del servicio en el municipio", tal y como ayer recordó la concejal socialista Mª Dolores Algar. "En lugar de instalar el servicio en 6 semanas, tal y como se recogía en el pliego de condiciones y cláusula decisiva para la adjudicación de la actuación, tardó varios meses". El Ayuntamiento de la Vall adjudicó el contrato a la empresa Conzesiona 3000 el 26 de noviembre de 2008, y dos semanas después, el 11 de diciembre, se formalizó el mismo. Según la concejala socialista, María Dolores Algar, "finalmente el PP hizo un 'traje a medida' a la concesionaria del servicio para que pudiera finalmente optar al mismo".

Precisamente la semana pasada, el grupo municipal de EU criticaba otro contrato adjudicado a esta empresa por el equipo de gobierno de la popular Isabel Bonig, en este caso, el de la concesión para completar y gestionar la obra del aparcamiento subterráneo del Polígono III por el precio marcado para las plazas de aparcamiento que el consistorio obtendrá como parte del pago en especie. El grupo advirtió que el precio de venta al público de las plazas era menor al valor marcado.