Los farmacéuticos de Castelló han decidido en Asamblea Extraordinaria cerrar las farmacias un día -en principio el 30 de junio- y protagonizar una concentración en protesta por los decretos promulgados por el Gobierno central porque aseguran que amenazan la viabilidad de las oficinas de farmacia, así como miles de empleos, que cifran en 2.000 en toda la Comunitat.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castelló, en asamblea celebrada anoche, aprobó con 106 votos a favor, 35 en contra y 26 abstenciones sumarse al cierre aprobado ya por el resto de farmacias de la Comunitat Valenciana. En principio los farmacéuticos de Valencia y Alicante habían acordado el cierre para el 29 de junio, pero al ser festivo en Castelló capital -por la celebración de San Pedro- se va a plantear hacer el cierre de forma conjunta el 30 de junio y en horario de mañana, según señalaron ayer fuentes del colegio de Castelló.

Los farmacéuticos han denunciado que los decretos "ponen en grave riesgo de desaparición a centenares de farmacias y la destrucción de 2.000 empleos en la Comunitat Valenciana". Según la entidad colegial, el último Decreto 8/2000 obliga a las oficinas de farmacia a realizar un descuento obligatorio del 7,5% al Sistema Nacional de Salud en la facturación de los medicamentos, un hecho que se suma "a la aportación de una parte importante de sus ingresos, que están obligadas a realizar desde el año 2000, también por decreto".

Por otra parte, han subrayado que las oficinas de farmacia se ven afectadas periódicamente por todo tipo de medidas de racionalización del gasto, como los precios de referencia, el recorte de los precios de los medicamentos genéricos realizada en el anterior decreto o los descuentos en productos sanitarios, además de afrontar la continua exigencia de modernización de sus instalaciones.

Problemas

Los farmacéuticos han señalado que aunque los efectos de esta medida los van a sufrir todas las farmacias, "será especialmente grave en las pequeñas, ubicadas en la periferia de las ciudades o en poblaciones rurales, lo que dejará desprotegidos a los ciudadanos con mayor dependencia que habrán de hacer largos desplazamientos para conseguir su medicación".

Esta medida, que se aplicará también a los laboratorios y a la distribución, supondrá una aportación total de 1.300 millones de euros anuales, a los que hay que sumar los 1.500 millones del anterior Real Decreto-ley aprobado hace dos meses. "Esto supone que el 20% del coste económico de todas las medidas contra la crisis recaerá sobre el sector farmacéutico", ha denunciado el colectivo, quien considera que es injusto y desproporcionado".