Faltan cuatro meses para la fecha oficial de inicio de la temporada del "parany" (del 12 de octubre al 7 de noviembre) y la modalidad de caza está afectada por un auto del Tribunal Constitucional que impide su práctica hasta que se dirima el conflicto entre el Gobierno y la Generalitat. Un estudio elaborado por el colectivo Apaval cifra en 34 millones de euros la inversión realizada por los aficionados de cara a la temporada 2010, en la que habían previsto la vuelta a la legalidad.
El estudio lo encargó Apaval y está visado por el Colegio de Ingenieros de Montes. Detalla el gasto realizado por los cazadores para acondicionar sus "paranys" y distingue entre los distintos tipos de árboles-trampa: algarrobos, olivos, carrascas o pinos. Según este estudio, de media, cada aficionado hizo un desembolso de 17.000 euros para restaurar su "parany" desde que las Corts Valencianes aprobaron -en octubre de 2009- la modificación de la ley valenciana de caza que da cobertura a la práctica tradicional. Teniendo en cuanta que en la Comunitat hay cerca de 2.000 "paranys", la mayoría en la provincia de Castelló, el gasto efectuado se acercaría a los 34 millones de euros. Una inversión que no habrá servido de nada si esta temporada se mantiene la prohibición, a no ser que se opte por el furtivismo, con el riesgo de sanciones.
El presidente de Apaval, Pasqual Batalla, añade a los perjuicios económicos"los daños morales". "Quién reparará a los cazadores si luego resulta que el Tribunal Constitucional resuelve a favor del parany", se preguntó.
Las Corts Valencianes aprobaron el pasado 14 de octubre una modificación de dos artículos de la ley autonómica de caza para encajar el "parany", un método cinegético que considera compatible con el marco estatal y comunitario.
El Gobierno respondió con un recurso ante el Tribunal Constitucional, que consideró que la ley valenciana vulnera las competencias básicas que ostenta el Estado en materia de medio ambiente. Recuerda que la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad -que incorpora al ordenamiento español lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre conservación de aves silvestres- fija que en el aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo las especies de caza, no se puede incluir la utilización de métodos prohibidos en la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso y abrió un plazo de alegaciones. La Generalitat argumentó que el término "selectividad" -el debate residen en si el "parany" es o no un método selectivo-debe ser "desarrollado por las comunidades autónomas". Además, pidió que la suspensión del "parany" no se haga efectiva hasta que se resuelva el conflicto de competencias para evitar perjuicios a los cazadores.
El TC dictó un auto el pasado 19 de mayo que mantiene la prohibición. Asume la tesis de la Abogacía del Estado y entiende que podrían causarse daños medioambientales irreparables en el caso de que se levantase la suspensión. Señala que, con la decisión de mantener la prohibición no se causa "una lesión de intereses de carácter patrimonial de tal magnitud que suponga afectar a un sector económico de manera directa e inmediata fundamental para la economía de la Nación".
El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha manifestado en una respuesta parlamentaria que en la Comunitat Valenciana "no hay absolutamente ninguna permisividad con la caza furtiva de tordos con parany" y advierte de que el Consell adoptará las "medidas oportunas" para mantener la vigencia de la ley de caza, aprobada por las Corts, así como su desarrollo reglamentario, "tan pronto como se levante la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional".
Cotino se pronuncia de esta manera en una respuesta a varias preguntas formuladas por la diputada de la Agrupación de No Adscritos Marina Albiol, en las que se interesa por las actuaciones que desarrollará la conselleria para "restablecer el imperio de la ley" ante el aumento de infracciones por la caza con parany y las denuncias contra paranys ilegales recibidas, así como la opinión de Medio Ambiente sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno estatal contra la modificación de la ley de caza valenciana que ampara esta modalidad.
El vicepresidente tercero del Consell destaca que la decisión del Ejecutivo estatal "va en contra del acuerdo adoptado, de forma casi unánime, por los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Directiva de Aves" de la Unión Europea. Además, Cotino asegura que la conselleria ordena servicios específicos para el control y vigilancia de la caza furtiva de tordos con parany, y los agentes ambientales tienen la obligación de denunciar cualquier acción que vaya en contra de la ley de caza. Todas las denuncias formuladas han comportado la apertura del correspondiente expediente, según señala el conseller.
