El vicepresidente de la Diputación de Castelló Rubén Ibáñez ha explicado la aplicación de los recortes salariales a los funcionarios de la diputación exigidos por el gobierno central. El área de presidencia de la institución provincial presentará al pleno de hoy la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que debe aplicarse obligatoriamente en la próxima nómina del mes de junio. Según Ibáñez este decreto "supondrá un recorte importante en los ingresos de los trabajadores públicos de la institución".

El vicepresidente ha señalado que "tras la celebración la pasada semana de una reunión de la mesa de negociación de la institución provincial con los representantes sindicales, se acordó adoptar el mismo criterio que la administración del Estado y la gran mayoría de organismos públicos, tanto estatales como autonómicos, provinciales y locales en cuanto a los complementos específicos que es donde se deja un margen de maniobra".

Ibáñez ha manifestado que "adoptando este acuerdo, la diputación recortará por primera vez en su historia el sueldo de los funcionarios, que en términos anuales supone 1.091.000 euros en salarios y lo hacemos por exigencia del gobierno central socialista".

Diputación saneada

El vicepresidente ha recordado que "la diputación no está inmersa en ninguno de los parámetros principales a los que debe ir destinado este Real Decreto, ya que según el mismo se debería destinar este importe, en primer lugar, a sanear remanentes negativos, cuando la Diputación de Castelló posee un remanente positivo de 44 millones de euros y, en segundo lugar, a reducir el nivel de endeudamiento a largo plazo y la institución tiene actualmente el coeficiente de endeudamiento en un 78%, muy lejos del 110 % autorizado por ley".