El Ayuntamiento de Castelló constituyó ayer el consejo social de la ciudad con un retraso de cuatro años. La creación de este órgano consultivo es una de las principales medidas que contempla el Régimen Especial de Grandes Ciudades, al que accedió la capital de la Plana en 2006. Los tres grupos políticos con representación municipal han dejado sus diferencias de lado y han consensuado la composición del consejo. El equipo de gobierno del PP ha cedido, y una de las más llamativas renuncias ha sido la de descartar la entrada del obispo de Segorbe-Castelló, Casimiro López.
El Partido Popular planteaba en su primer borrador la inclusión de el obispo. Los grupos de la oposición rechazaron la participación de la autoridad eclesiástica en el consejo social, integrado por los sectores de la sociedad civil. PSPV y Bloc entendían que era otorgar un privilegio excesivo a la Iglesia Católica, en un país que además se rige por una democracia aconfesional. Los munícipes populares dieron finalmente marcha atrás y retiraron la candidatura de Casimiro López.
El consejo social nació ayer, así, con el beneplácito de todo el arco político, en un acto formal que tuvo lugar en el salón de plenos de Castelló. Llega con una importante demora. La Ley de grandes Ciudades establece un plazo de seis meses para su constitución. Otras grandes ciudades de la Comunitat, como Valencia o Elche, ya disponen de él.
Está compuesto por 46 representantes de diferentes colectivos sociales, económicos, culturales, cívicos y vecinales de la ciudad. También incluye a tres ciudadanos sin vinculación alguna con las asociaciones vecinales, elegidos por sorteo.
El presidente del consejo social es el alcalde, Alberto Fabra, y el vicepresidente, el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Juan José Pérez Macián. Como consejeros natos están los ex alcaldes de la ciudad: José Antonio Tirado Giménez, Daniel Gozalbo Bellés y José Luis Gimeno, los dos primeros del PSPV, y el último del PP. Por parte de los grupos políticos, los populares han designado al vicealcalde , Javier Moliner, los socialistas a su portavoz, Juan María Calles, y el Bloc al ex edil Antoni Porcar.
Las funciones de este órgano consistirán en la realización de informes sobre la realidad socioeconómica de la ciudad, a iniciativa propia o a instancias del alcalde, la corporación y los sectores integrantes. También elevará estudios, con carácter previo y preceptivo, sobre las principales iniciativas municipales. Su primera tarea, a este respecto, se centrará en analizar los presupuestos municipales de 2011.
