El alcalde de Burriana, el popular José Ramón Calpe, anunciaba ayer que todas las partidas presupuestarias volverán a sufrir un nuevo recorte, sin excepción, de cara a cubrir el déficit de 600.000 euros que arrastra el presupuesto tras la liquidación en negativo del año pasado y los compromisos de pago en facturas sin consignar. El munícipe hizo este anuncio ayer durante el pleno extraordinario en el que se acordaron los recortes de sueldo del funcionariado y de los concejales y se aprobó retirar el seguro médico privado a los 94 funcionarios de Burriana (y a sus familiares) que todavía disfrutaban de él.
El conjunto de medidas convocó en el salón plenario a cerca de un centenar de funcionarios ("entre liberados sindicales, representantes de los trabajadores y funcionarios en general", según concretaron ayer fuentes municipales) que asistieron en silencio a la votación de los recortes, tanto de su sueldo, como de sus prestaciones sanitarias, punto que el PSPV no apoyó.
El equipo de gobierno de Calpe justificó ayer que la medida -ejemplo del inicio de los recortes que afectarán a todas las áreas- supondrá un ahorro de 160.000 euros anuales ya que no sólo se pagaba la cobertura sanitaria de estos 94 trabajadores, sino también de sus familiares más próximos,
"en total unas 300 personas", según ha informado la concejal de Sanidad, Consuelo Suay.
Esta cobertura incluía también el pago del 60% de los gastos farmacéuticos. Los 94 funcionarios eran los únicos del total de 291 empleados de la casa que todavía mantenían este régimen, desde que en 1993 se estipulara que los trabajadores públicos se integraran en el régimen general de la Seguridad Social. El equipo de gobierno programa reducciones y ahorros en todas las partidas municipales, "absolutamente en todas, y esta es una de ellas", aseguró ayer el alcalde durante la sesión.
La medida salió adelante con el voto del PP y de CV y el voto en contra del PSPV y de Cibur que presentaron una enmienda pidiendo que se dejara sobre la mesa para debatir un recorte más amplio.
Por otra parte, se aprobaron las rebajas de sueldos. Así, se reducirán un 7 % las retribuciones del alcalde y los cuatro concejales con dedicación exclusiva, de forma que cobrarán -respectivamente- 14 pagas anuales de 3.515,11 y 2.880,88 euros brutos.
Asimismo, se ha acordado rebajar un 5 % la cuantía a percibir por asistencia a las sesiones ordinarias de los órganos colegiados (plenos, juntas y comisiones), que será de 190 euros para el presidente y 95 para el resto de miembros, excepto los concejales con dedicación exclusiva, que no cobran por asistencia.
El alcalde, José Ramón Calpe, ha defendido en este sentido que el Ayuntamiento ha respetado escrupulosamente las recomendaciones de la FEMP.
El grupo municipal del PSPV lamentó ayer que el PP y CV votaran en contra de la enmienda que presentaron (junto al grupo Cibur) para dejar sobre la mesa la integración de los funcionarios en el régimen de la Seguridad Social al tiempo que proponían medidas de recorte paralelas para cubrir el déficit. Según el portavoz del PSPV, Ramon Monferrer, la retirada del seguro privado no era "urgente" y existían "otras alternativas para ahorrar y así se lo hemos transmitido al equipo de gobierno, que no ha querido ni considerarlas, pese a que las hemos presentado por sentido de la responsabilidad y para brindar soluciones".
En este sentido, desde el PSPV incluso dudaron de la validez jurídica de la medida asegurando que lesionaba los intereses de un colectivo al que en 1993, se le permitió escoger esta opción en base a un Real Decreto que se ratificó en su momento mediante acuerdo plenario "por lo que tenemos serias dudas sobre la validez jurídica de esta decisión, que carece del aval de un informe técnico". La edila socialista Rosa Marco reprochó al equipo de gobierno, "que actuase sin permitir que los afectados se pronuncien y sin arbitrar un periodo de transición, máxime cuando la misma norma, establece,que la totalidad de los funcionarios municipales pasarán a integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social en junio de 2015". Marco se refirió a la conveniencia de sopesar las posibles consecuencias negativas, en el caso de que los funcionarios decidan interponer una demanda judicial. levante de castellócastelló
