La Generalitat, a través de la sociedad Aerocas, mantiene abierto un litigio contra el Gobierno central para recuperar los 18 millones de euros que abonó a la concesionaria.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Aerocas contra la decisión del Ministerio de Fomento de paralizar las obras del aeropuerto. La sociedad pública, presidida por Carlos Fabra, pretendía con este recurso recuperar los 18 millones de euros que tuvo que pagar la Generalitat a la concesionaria por la interrupción de los trabajos, entre octubre de 2005 y febrero de 2006. Tras desestimarse, interpuso un recurso de casación que no se ha resuelto.
La Dirección General de Aviación Civil, adscrita a Fomento, ordenó la paralización de las obras del aeropuerto por no tener aprobado el proyecto constructivo. Aerocas desafió inicialmente la consigna ministerial y mantuvo las máquinas trabajando al entender que reunía todos los requisitos legales. Fabra advirtió que sólo pararía las obras por un mandato judicial y aseguró que el Ministerio no tenía competencia para interrumpir la construcción. Finalmente, acató la orden y mandó la retirada de las máquinas.
La paralización se prolongó durante cuatro meses, hasta que se consiguió la aprobación del proyecto constructivo. Este paréntesis supuso unos sobrecostes a Concesiones Aeroportuarias (la empresa que construye y gestionará las instalaciones) de 18 millones de euros que reclamó a Aerocas. Esta última sociedad -dependiente de Proyectos Temáticos (Sptcv) con una participación simbólica de la diputación- aprobó el pago en 2006. Primero avanzó 4 millones de euros y los 14 restantes los abonó de forma escalonada,a través de una ampliación de capital de Aerocas y con préstamos de la Sptcv y avales de la Generalitat. Ahora pretende recuperar el dinero en los tribunales, aunque hasta la fecha no ha tenido éxito.
