La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), personada como acusación popular en la causa abierta en Nules, cree que hay pruebas suficientes de que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y su mujer, María Amparo Fernández, incrementaron su patrimonio en 11 millones de euros, entre 1999 y 2004, gracias a "la estrecha colaboración de 7 directores de bancos de la provincia". Por esta razón, la organización que defiende los derechos de los consumidores ha pedido al juez que cite a declarar como imputados a los responsables de estas entidades financieras.
La acusación popular recuerda que Fabra y su esposa han suscrito en los últimos años hasta 35 préstamos con entidades bancarias. Ello se debe, según la UCE, a que el empréstito era uno de los sistemas que el matrimonio utilizaba para "disfrazar sus ingresos ilícitos". De esta forma, la pareja iba ingresando en metálico cantidades relativamente pequeñas para atender los vencimientos de los préstamos, lo cual les permitía "ir blanqueando el dinero en efectivo-metálico del que disponían en grandes cantidades".
Para los letrados de la organización de consumidores, estas operaciones financieras no hubieran sido posibles sin la participación directa de los directores de los bancos, ya que los ingresos millonarios de los Fabra "se utilizaban de una manera sistemática y habitual para hacer frente a los vencimientos".
Todos estos movimientos económicos e "ingresos multimillonarios en efectivo" en cuentas corrientes fueron factibles gracias a la "estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias donde operaba el señor Fabra y con seguridad de algún superior de las mismas".
Avalistas
Para canalizar sus supuestos ingresos millonarios "de origen ilícito", el matrimonio utilizaba mecanismos alternativos, como por ejemplo "crear falsos avalistas de sus préstamos" para que éstos se hicieran cargo de los mismos.
De esta manera los Fabra daban al ingreso una "apariencia de legalidad", cuando en realidad no se trataba más que "del pago debido por algún favor o algún negocio oculto". Éste fue el caso de un préstamo de Ruralcaja en el que aparecen como fiadores solidarios del matrimonio el empresario Antonio Bonet -ex presidente del CD Castellón- y Fernando Roig, actual presidente del Villarreal CF. "Finalmente, el préstamo lo va pagando el señor Bonet con ingresos periódicos en efectivo en su gran mayoría y algunos en cheques", asegura la acusación popular.
Los abogados de la UCE recuerdan que desde 1999 a 2004 el matrimonio Fabra-Fernández ha experimentado unos ingresos que ascienden a más de 11 millones de euros, es decir, alrededor de 2.000 millones de las antiguas pesetas. De estos ingresos, 3,3 millones fueron dinero en efectivo, mientras que 3,8 los recibió el matrimonio en cheques.
Además, la pareja posee en común 9 inmuebles y Fabra otros 3 como titular único.
