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Dos sentencias judiciales condicionarán los próximos presupuestos de la Universitat Jaume I al condenarla a pagar 5,8 millones de euros en compensación por dos litigios distintos: las obras de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (5 millones) y la expropiación de terrenos anexionados al campus (800.000 euros), según han confirmado fuentes de la UJI.
El vicerrector de Campus, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, Andrés Marzal, precisó que ambas decisiones judiciales han sido conocidas durante el verano y fueron puestas en conocimiento del último Consejo de Gobierno de la UJI.
La primera de las sentencias proviene del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castelló y obliga a pagar 5 millones de euros a la constructora Ferrovial. Los tribunales consideran que la UJI debe compensar así una diferencia económica de 3,5 millones de euros (más intereses) que fue motivo de discrepancia entre la universidad y la concesionaria en el momento en el que culminaron las obras de la nueva Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (2003).
Marzal precisó que la UJI deberá hacer una reserva económica para asumir la indemnización, aunque sigue estando convencida de tener la razón legal y ha recurrido la sentencia ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ).
La segunda sentencia también fue emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y ratifica una resolución del Tribunal del Justiprecio respecto a un proceso de expropiación de terrenos acometido en el año 2000. En este caso, la universidad no presentará recurso y abonará la cantidad correspondiente a los propietarios (800.000 euros).
Obstáculos
Los mencionados fallos judiciales son dos de los principales obstáculos con los que se ha encontrado el nuevo equipo de gobierno de la Universitat Jaume I casi sin tiempo de tomar posesión y de instalarse en sus nuevos despachos. Según explicó Marzal, esta circunstancia limita el margen de maniobra con el que puede actuar la universidad en lo que se refiere a nuevos proyectos e inversiones. "Nuestros técnicos están sobradamente cualificados y, según su criterio, estamos convencidos de que nos asiste la razón legal y por eso hemos recurrido. No obstante, por una cuestión de prudencia, deberemos hacer una reserva de este dinero para poder asumir la indemnización en caso de que sea necesario.
"Y esto hace que debamos priorizar todavía más las actuaciones más urgentes", añadió.
Las inesperadas resoluciones judiciales aparecen en un contexto agridulce en el que la Conselleria de Educación firmó el nuevo Plan de Financiación Plurianual 2013-2017 (en principio beneficioso para la UJI) con el condicionante de congelar su aportación a la universidad durante los próximos dos años debido a los ajustes de la crisis económica.
A este respecto, el vicerrector de Campus, Infraestructuras y Nuevas Tecnologías, Andrés Marzal, hizo hincapié en que su equipo "mantiene el compromiso de cumplir el programa electoral, aunque deberá asegurar que se atienden primero las inversiones más urgentes".
