El PSPV y el Bloc Nacionalista cargaron contra la decisión de la Generalitat de excluir a Castelló del futuro Fondo de Cooperación Municipal. El borrador del decreto de este fondo, esperado desde 1999, deja fuera a los ochos ciudades valencianas con más de 75.000 habitantes.

"Una vez más, Camps nos ningunea y Castelló se vuelve a quedar sin un euro de la Generalitat", afirmó el portavoz del grupo socialista en Castelló, Juan María Calles, quien anunció que el PSPV llevará al pleno una iniciativa para que la capital de la Plana no se quede fuera de la financiación autonómica a los municipios valencianos. "El Ayuntamiento de Castelló asume competencias que son propias de la Generalitat y que cuestan millones de euros cada año", subrayó el edil socialista.

"Valencia tiene que saber que los castellonenses no somos ciudadanos de segunda", señaló Calles, quien consideró "intolerable" el decreto que prepara el Consell y que excluye a los 180.000 castellonenses del Fondo de Cooperación Municipal. Con esa decisión, afirmó, "Camps borra del mapa a Castelló". "Alberto Fabra y el Partido Popular tienen que explicar por qué los castellonenses tienen menos derechos que otros por vivir en un municipio de más de 75.000 habitantes", añadió.

Calles instó al alcalde a rechazar este "desprecio" a Castelló. "El mismo Fabra que día sí y día también monta guerritas al Gobierno de España es el que calla y otorga ante el amiguito de los trajes", agregó. El portavoz socialista apuntó que el PSPV presentará una declaración institucional en las comisiones de pleno de mañana para tratar de lograr una posición unánime en el pleno del 28 de octubre contra la decisión de la Generalitat.

El candidato socialista recuerda que la Generalitat Valenciana firmó un acuerdo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en septiembre de 1999 en el que se comprometía a desarrollar todos los aspectos de la "segunda descentralización" y a aprobar un Fondo de Cooperación Municipal de carácter incondicionado para que los ayuntamientos decidieran qué destino dar a la aportación anual autonómica, que se decidiría con arreglo a la población del municipio.

En este sentido, Calles denunció que el acuerdo "ha sido incumplido de forma reiterada durante 11 años y volverá a quedar incumplido si en los presupuestos

autonómicos de 2011 no se incluye una dotación presupuestaria para la ciudad de Castellón". Además, indicó que la deuda histórica del Gobierno valenciano con la capital de la Plana supera los 300 millones de euros.

Por su parte, el portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, tildó de injusta la decisión del Consell de primar el criterio población en este fondo y consideró que se debería primar la buena gestión de los municipios. "Espero de Rita Barberá (alcaldesa en Valencia) la misma contundencia que utilizó contra Zapatero por negar la solicitud de crédito", aseveró el concejal.