Burriana elude pagar 2 millones por anular el PAI Llombai-Monges

La urbanizadora pedía al Ayuntamiento de Burriana una indemnización de más de dos millones de euros por los gastos generales y el beneficio industrial que se había perdido tras la anulación del PAI, que el pleno ordinario aprobó el 6 de noviembre, pero el Juzgado de Castelló lo ha desestimado "porque el acuerdo tomado en el pleno se limita a la orden de suspensión que realizó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)".

El pleno acordó la suspensión definitiva del procedimiento tramitado para la aprobación del proyecto de reparcelación del Sector SUR-I-4, más conocido como PAI Llombai-Les Monges, después de la sentencia emitida por el TSJCV que lo declaró nulo.

Cabe recordar, que el TSJCV emitió en septiembre de 2008 una sentencia en la que anulaba el PAI industrial, amparándose en el incumplimiento en la selección del urbanizador de la normativa reguladora de Contratos Públicos. De esta manera, anulaba el PAI y la adjudicación a la urbanizadora, después del recurso que interpusieron los vecinos del barrio de L'Hereu, cuyas casas se encuentran dentro del PAI que se había programado. El TSJCV destaca en la sentencia la modificación del proyecto urbanístico para que las viviendas se sitúen fuera de él.

Ante la suspensión del PAI por parte del pleno del ayuntamiento, la urbanizadora exigió en marzo del año pasado al consistorio una indemnización por la anulación del proyecto urbanístico. En concreto por los gastos generales realizados antes de la aprobación del programa y por el beneficio industrial esperado que no se ha llegado a concretar. El equipo de gobierno no contestó a la petición, y la urbanizadora presentó el recurso, que ahora se ha desestimado.

El PAI Llombai-Les Monges, que fue adjudicado en abril de 2003 a Urbanizadora Llombai, del grupo Titanbur, abarca 508.638 metros cuadrados, el más grande que se ha aprobado en el municipio, y contaba con 19 millones de euros de inversión. Una zona, en la que además de dedicarse a ser el tercer polígono industrial de la población, iba a albergar el aparcamiento para camiones y un parque público de 41.387 m2 para acoger actos multitudinarios en la población, como conciertos o fiestas patronales.

Es la primera sentencia de los últimos meses que da la razón al ayuntamiento y no le obliga a pagar millonarias cantidades de dinero tras un problema urbanístico. Cercanas están las resoluciones millonarias de la expropiación de los terrenos de la Papelera, por ejemplo.

La concejala del grupo independiente de Burriana, Cibur, Mª Dolores Aguilera, pidió ayer al equipo de gobierno que tome "cuanto antes" una decisión en la modificación Nº31 del PGOU, que implica el cambio de suelo de la Papelera y el solar de la Llar Fallera. Aguilera aseguró que la Llar Fallera "se tiene que recalificar antes de que se le pida a este ayuntamiento la expropiación y así evitar que se nos cuele otro caso como el de la Papelera". "Si no se actúa rápido, podemos llegar a vernos con otra grave expropiación que sin duda sería ya inasumible por este ayuntamiento", apuntó Aguilera, refiriéndose al cambio de suelo del solar de la Llar Fallera. La modificación Nº31 del PGOU que se aprobó de manera provisional en mayo de este año, cambiaba la clase del suelo de la Papelera y la Llar Fallera, por los del Arenal, de modo que los terrenos de la antigua Papelera del Mijares pasaran a ser de uso residencial o terciario y los de la Llar Fallera de uso residencial, y por el contrario el Arenal se convirtiera en suelo dotacional, para acoger el proyecto de la Conselleria de Infraestructuras. Cibur pidió un informe jurídico y presentó diversas alegaciones, "advirtiendo de lo que le podría costar esa decisión a los ciudadanos de Burriana, que se podían enfrentar a una retasación y a pagar más dinero incluso por el suelo de la Papelera", debido al cambio de suelo residencial. De ahí, que Aguilera pida una solución rápida, ya que el tiempo de cambiar el suelo de la Llar Fallera terminara a final de año. v. g.burriana