El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al Ayuntamiento de Vinaròs a pagar una indemnización de 1.630.663 euros más otros 350.395 euros de intereses a la mercantil Vandowska SL después de admitir el recurso interpuesto en su día por la firma. El alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu, hizo este anuncio en la mañana de ayer, calificando la sentencia como "una mala noticia". Además, el TS en su sentencia requiere el pago de esa cantidad, casi dos millones de euros, en el plazo de tres meses.

Los hechos se remontan al año 2001 cuando gobernaba en la ciudad el PP con mayoría absoluta. La mercantil, ahora llamada Nou Temple SL, presentó un estudio de detalle al ayuntamiento que afectaba a la zona situada entre las calles Cervantes, Conde Benavente, Febrer de la Torre y la avenida Pablo Bejar. Romeu explicó que en el pleno del 13 noviembre de 2001, este estudio de detalle "se presenta al pleno y el resultado es de 12 votos del PP, mayoría absoluta, a favor de denegar este estudio de detalle, y la abstención del PVI y PSPV-PSOE".

En el pleno de 3 de diciembre del mismo año se volvió a desestimar el estudio de detalle presentado por Vandowska.

Tras estas dos desestimaciones, la mercantil presentó entonces un recurso de reposición, el cual fue también desestimado por el pleno de 14 de mayo de 2002, lo que motivó que se interpusiera un recurso contencioso administrativo, que ha dado pie, ahora, a esta sentencia. El fallo del TS dice que, la tramitación del PGOU de Vinaròs de octubre de 2001 "muestra que la suspensión del otorgamiento de licencias, quedó sin efecto a partir del día 14 de octubre de 2000; por lo tanto, a fecha de 5 de junio de 2001 en el que la demandante presenta la solicitud de licencia de obras mayores y estudio de detalles no estaba afectada por la tramitación del PGOU".

Romeu dijo que, según se recoge en la sentencia, Vandowska SL ha actuado a lo largo de todo el trámite, "con la confianza legítima basada en la información urbanística emitida por el ayuntamiento con fecha 7 de diciembre de 2000". El primer edil también recordó que el PGOU de 2001 se aprobó únicamente con los votos a favor del gobierno municipal del PP que encabezaba Jacinto Moliner.

Responsabilidad patrimonial

Romeu calificó de "gravísima" esta situación, ya que en tres meses debe aportar casi dos millones para hacer frente a la sentencia, lo que "trastoca todos los planteamientos de un ayuntamiento y merma las futuras inversiones del municipio".

Además, el primer edil dijo que, "vamos a estudiar en profundidad con el equipo jurídico si son los ciudadanos y por tanto el ayuntamiento quienes deben asumir de dónde sacar estos dos millones de euros o por el contrario pensamos que podría haber una responsabilidad patrimonial por parte del alcalde y concejales que tomaron esta decisión".

Romeu fundamentaba esta "amenaza" en el hecho de que la negación del estudio "no estuvo acompañada de informe técnico que avalara tal decisión". "Fue un acuerdo político porque los informes de los técnicos no decían de manera tajante que no se podía aprobar", dijo.