­david navarro alicante

Se acabó la incógnita. El Banco de España anunció ayer la nacionalización de Caja Mediterráneo, el inmediato relevo de sus administradores y su sustitución por tres técnicos nombrados por el FROB, que inyectará a la entidad los 2.800 millones que necesita para alcanzar los nuevos mínimos de solvencia exigidos por el Gobierno. De esta forma, el FROB pasará a controlar la entidad (se calcula que podría tener un 80% del accionariado), la saneará y procederá a su subasta al mejor postor, un procedimiento por el que en los últimos meses habían mostrado su interés los principales bancos y cajas españoles.

La intervención del Banco de España se produce a petición del propio consejo de la CAM, después, eso sí, de fuertes presiones del supervisor, que había reclamado a la entidad un nuevo plan de viabilidad tras el suspenso de las pruebas de solvencia europeas, en las que obtuvo la peor nota. La decisión también se adoptó ante el fracaso del último y desesperado intento de la alicantina por encontrar un socio acercándose a Ibercaja, una de las pocas cajas que aún no participa en ningún proceso de fusión.

Se pone fin, así, a casi cuatro meses de incertidumbre desde que Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieran romper con CAM ante el deterioro de sus cuentas debido a una reclasificación masiva de créditos, precisamente tras una inspección del Banco de España. La CAM tuvo que gastar entonces casi un tercio de sus reservas y su morosidad se disparó al 8,7%.

Asignatura pendiente

Aunque la fecha oficial para finalizar la reestructuración de las cajas era el 30 de septiembre, en los círculos financieros se daba por hecho que el equipo de Miguel Ángel Fernández Ordóñez no esperaría tanto y que nacionalizaría la CAM antes de acabar julio, como finalmente ocurrió ayer. De hecho, tras la salida a Bolsa de CaixaBank, de Bankia y de Banca Cívica, la entidad presidida por Modesto Crespo era la gran asignatura pendiente en este proceso. Fue el jueves cuando el Banco de España, tras examinar los tests de estrés y observar la evolución de la caja, decidió dar un nuevo ultimátum a la CAM y le exigió la presentación de un nuevo plan de viabilidad en un plazo máximo de diez días. Ese día el consejo de la caja estaba reunido, ocupado en disputas internas, y la noticia cayó como una bomba. La reunión se prolongó durante más de cinco horas y, al contrario que en ocasiones anteriores, apenas trascendió nada de lo discutido. El mutismo de los consejeros fue casi absoluto.

El mismo jueves ya se vio la imposibilidad de encontrar una alternativa factible, una vez que la semana anterior el propio supervisor le había denegado la posibilidad de recibir parte de las ayudas previstas en forma de créditos (FROB1) y el fracaso de las negociaciones, primero con el fondo JC Flowers, y más tarde con Ibercaja. La única salida era la nacionalización pero nadie pensaba que sería tan rápido.

Pero ayer el Banco de España decidió no esperar más y exigió una respuesta inmediata a la caja. Entonces desde la dirección se fue llamando uno a uno a los consejeros para se acercaran a la sede de la entidad y firmaran el documento solicitando la entrada del FROB y presentando su renuncia. El panorama en la planta noble de la CAM era desolador, según los testigos consultados, con una directora general, María Dolores Amorós, destrozada; y un presidente igualmente hundido. No llegó a celebrarse un consejo formal pero Crespo se reunió con algunos de sus miembros. Allí les explicó que la imagen de división trasladada en las últimas semanas había sido otro de los detonantes de la situación y que ya el lunes recibió una llamada del Banco de España en la que se cuestionaba su autoridad. Hay que recordar que hasta 12 consejeros de un total de 20 habían desafiado al presidente pidiendo su entrada en el consejo de Banco CAM, al que la caja ha transferido ya todo su negocio financiero.

El camino elegido para que el FROB tome el control de la CAM es una opción intermedia. No se trata de una intervención pura y dura como la que se realizó con Cajasur, donde sus gestores deberán responder ante los tribunales; pero tampoco era la simple nacionalización prevista inicialmente. En este segundo caso, la entidad habría tenido cinco años para aplicar un plan de reestructuración y recomprar sus acciones al FROB. No será así porque el Banco de España entiende que el plan de negocio presentado por la caja no será suficiente para garantizar su viabilidad. De ahí su intervención.