El informe del Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana concluyó que las obras de desmontaje del poste de luz de Iberdrola que supuestamente causaron el incendio de les Useres no contaban con el material de extinción y prevención de incendios que marca la normativa, según datos facilitados por fuentes de la investigación.
Los técnicos responsables de la investigación remitieron al Juzgado de Instrucción Número 2 de Castelló un estudio pormenorizado que indica textualmente que las medidas de prevención frente al riesgo de incendios durante la ejecución de las obras "pueden considerarse inexistentes".
El mismo documento expone que los operarios que trabajaban para la subcontrata de Iberdrola que ejecutaba los trabajos "tan sólo disponían de un extintor de escasa capacidad que pronto agotaron al primer intento de control de las llamas, pero no mediando desbroce previo del área, uso de elemento alguno que limitara la proyección de chispas ni ninguna otra de las medidas que se le hubieran exigido en la autorización previa". Según la reconstrucción de los hechos recogidas en las diligencias remitidas al juzgado, el fuego partió de las chispas originadas por el disco abrasivo de una radial cuando se disponían a cortar un tornillo en el marco del desmontaje de una línea eléctrica aérea de Iberdrola. El contacto de las chispas con el pasto seco hizo el resto. La investigación de la Guardia Civil también establece que los mencionados trabajos contravinieron el artículo 6 del Decreto 7/2004 de la Generalitat Valenciana, el cual exige unas mínimas normas de seguridad para prevenir incendios.
La diputación de Castelló tendrá que devolver al Gobierno parte de los 3 millones de euros para ayudas a las víctimas del incendio de l'Alcalatén si la Generalitat Valenciana no cumple antes del 11 de septiembre el pago de los 3 millones de euros restantes, tal y como habían acordado ambas instituciones con la firma de un convenio en 2007, según han confirmado fuentes gubernamentales.
El impago del Gobierno Valenciano se prolonga desde hace cuatro años y el Gobierno central ha advertido de forma reiterada que los fondos de ayuda a zonas devastadas por incendios sólo pueden activarse si las instituciones autonómicas o locales aportan una cantidad equivalente.
En este caso, el Consell se comprometió a ingresar 3 millones de euros que todavía no se han transferido a la cuenta de la diputación, que se verá obligada a devolver la mayor parte del dinero ingresado por el Gobierno en el caso de que el esperado pago de la Comunitat no se haga efectivo en un plazo de tres semanas.
El dinero de las ayudas pende de la fragilidad de un hilo en un contexto marcado por la falta de liquidez de la Generalitat Valenciana y los enrocados enfrentamientos del Partido Popular y del PSOE, que siguen empeñados en no ponerse de acuerdo. Mientras tanto, cientos de damnificados por el fuego de l'Alcalatén pagan las consecuencias de tanto desentendimiento y esperan desde hace cuatro años unas ayudas que no llegan.
Lento proceso judicial
De forma paralela, la vía judicial que investiga a los supuestos responsables del incendio -y que debe dirimir las posibles indemnizaciones- sigue avanzando lentamente.
En noviembre de 2010, el juzgado ordenó a la Generalitat Valenciana que elaborara un informe para valorar las pérdidas económicas que provocó en los montes de titularidad privada y en las explotaciones agrícolas el incendio que registró l'Alcalatén en agosto de 2007, según confirmaron fuentes de la Audiencia Provincial.
Esta valoración tiene como objetivo la cuantificación de posibles indemnizaciones económicas que deberían afrontar los presuntos responsables del incendio que, según el Grupo Operativo de Investigación de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, se originó durante las obras de desmontaje de un poste de luz.
La orden del Juzgado de Instrucción Número 1 de Castelló respondía a una petición de la Fiscalía y reclamaba a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación un informe que valore "el tipo medio de pérdidas en producciones agrícolas de viña, olivos, almendros, así como de las explotaciones agrícolas más comunes en la zona de l'Alcalatén".
Además, el juez pidió otras dos diligencias de investigación. Primero, un oficio al Instituto Geológico Minero de España para que valorara la afección del incendio sobre el acuífero de la zona. En segundo lugar, requirió a Medio Ambiente un informe de los terrenos afectados por el incendio y el plazo medio de regeneración de la vegetación dañada por uno de los incendios más graves que ha sufrido la provincia en la última década.
