El último informe de la Sindicatura de Comptes desvela que la Generalitat Valenciana cerró 2010 adeudando a la Universitat Jaume I de Castelló 127 millones de euros correspondientes a deudas a largo plazo y planes de inversión, una cantidad que representa más del 34% del activo de la universidad pública castellonense.
Los pagos pendientes del Consell destacados por el Síndic de Comptes emergen en el debate público de forma especial en un contexto de crisis marcado por el mensaje de fin de año del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, que anunció un nuevo recorte de mil millones en gasto público.
Este mensaje acrecenta una incertidumbre que ya se vivía en el seno de la universidad respecto a los recortes de financiación que vendrían con el año nuevo, una circunstancia que ya fue preavisada por el ex conseller de Educación y recién nombrado vicepresidente portavoz del Consell, José Císcar.
De hecho, la Jaume I se vio obligada a aprobar un presupuesto a sabiendas de que podía ser irreal, dado que se trata de un documento susceptible de cambio en función del "ajuste" que el Consell decida aplicar a las universidades en el primer trimestre del año.
La conselleria mantenía en 2010 una deuda de 76 millones de euros con la Universitat Jaume I de Castelló y llegó a un acuerdo para pagarla en plazos plurianuales que se prolongarán hasta el año 2022. Además, se comprometió a compensar este retraso con el pago de intereses del 3,15% que elevarán la cantidad adeudada hasta 95 millones de euros.
La UJI aceptó esta solución de pago aplazado después de que la conselleria incumpliera en cada uno de sus presupuestos desde 2004 una parte de los pagos comprometidos con las universidades públicas valencianas, una circunstancia que ha incrementado progresivamente el endeudamiento del Consell con la UJI.
Al margen de la financiación ordinaria pendiente en gasto corriente y de inversiones, la conselleria debía en 2010 a la Jaume I un total de 30 millones de euros que se comprometieron en un convenio para la financiación de infraestructuras signado en octubre de 2005. Este dinero debía destinarse a la construcción de infraestructuras docentes (24 millones de euros) y a nuevas instalaciones científicotecnológicas valoradas en 6 millones de euros.
Según el Síndic de Comptes, Rafael Vicente, finalmente la suma de ambas deudas se ha elevado hasta 127 millones tras la suma de intereses debido al largo aplazamiento. La UJI dio por buena la demora en los pagos si se cumplían las anualidades, dado que ello daba la posibilidad de planificar desde un horizonte de estabilidad. Sin embargo, el Consell ya ha demorado los pagos de 13,6 millones de euros asociados a 2011 y 2012. Aún así, la UJI confía en que el Consell mantenga su palabra y el plan plurianual de financiación.
