El modelo de gestión privado del aeropuerto de Castelló ha saltado por los aires tras la rescisión por parte de la Generalitat del contrato con la concesionaria y, Carlos Fabra, presidente de la sociedad pública de la infraestructura (Aerocas), rehúsa dar explicaciones en el momento más complicado de la instalación, cuya apertura está prevista para el próximo mes de abril. Y es que la marcha de la concesionaria pone en duda la continuidad de Fabra al frente de Aerocas, dado que él fue el impulsor del acuerdo que ahora rechaza el Consell, que acapara el 99% del accionariado de Aerocas.

El ex presidente de la diputación comandó en marzo las negociaciones con la adjudicataria. Y tras la rescisión del contrato ha mantenido un sospechoso silencio. Fue el Consell el que informó en vísperas de Nochevieja de la sorprendente ruptura del acuerdo firmado en marzo con Concesiones Aeroportuarias. La Generalitat aduce ahora que no puede asumir alguna de las condiciones pactadas hace nueve meses, como la asunción de las pérdidas durante los primeros ocho años de funcionamiento.

De momento, el presidente de Aerocas ha eludido concretar qué pasará con el aeropuerto y tampoco ha rebatido la denuncia contra el Consell interpuesta por Concesiones por incumplimiento de contrato. El gestor privado reclama la devolución de más de 80 millones de euros.

Esta ausencia pública hace sospechar sobre si esta operación cuenta con el aval de Fabra. En teoría, como presidente de Aerocas, ha tenido que tener un papel preponderante en las últimas conversaciones con Concesiones, pero su ausencia de la escena pública genera suspicacias sobre su papel. Asimismo, su posición en Aerocas ha quedado muy debilitada tras la ruptura de un acuerdo que él mismo avaló en marzo, por lo que se abre un interrogante sobre su continuidad al frente de la sociedad pública. El también presidente del PP provincial quiere seguir en Aerocas hasta la puesta en funcionamiento del aeropuerto, pero la Generalitat Valenciana, que domina Aerocas, podría optar por relegarlo por el fracaso de las negociaciones con el gestor privado.

Reacciones de la oposición

PSPV, Bloc y EU salieron ayer en bloque para pedir a Carlos Fabra que dé la cara y para denunciar la gestión que el Consell y la diputación han llevado a cabo.

La portavoz de Grandes Proyectos del Grupo Socialista en las Corts, Eva Martínez, denunció ayer la "nefasta" gestión del Consell de Alberto Fabra con el aeropuerto de Castelló y advirtió que los "nuevos procesos judiciales" que tendrán como consecuencia el pago de cerca de 100 millones de euros. "Los bolsillos de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sufren la desastrosa labor del Gobierno valenciano, quien continúa dilapidando los escasos recursos que quedan en las arcas de la Generalitat", denunció Martínez. A su juicio, "la decisión de gestionar el aeropuerto con Concesiones Aeroportuarias fue errónea desde el principio".

Por su parte, la parlamentaria de Esquerra Unida en las Corts, Marina Albiol, resaltó que la situación de "despropósito a la que ha llegado la gestión del aeropuerto requiere la asunción de responsabilidades por parte de aquellos que hicieron posible la firma del contrato con la concesionaria". Albiol también reprochó el silencio de Carlos Fabra.