El caso Fabra, cuya proceso de instrucción finalizó el 23 de diciembre, podría largarse todavía más en el tiempo. La Unión de Consumidores de Castelló ha reclamado al juez de Nules que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial de Castelló conteste el recurso de la UCE que pide imputar también a varios altos cargos de la etapa de gobierno de José María Aznar.
El juzgado de Nules dio por concluida hace una semana los trabajos de investigación del conocido como caso Fabra y dio diez a las acusaciones para que solicitaran la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso. El juez atribuye a Fabra y su exesposa cinco presuntos fraudes fiscales por un importe superior al millón de euros.
El auto se emitió tres semanas después de que el Tribunal Supremo anulada la decisión de la Audiencia Provincial de archivar cuatro de los cinco posibles fraudes fiscales imputados a Carlos Fabra y su exmujer, María Amparo Fernández por una supuesta prescripción de los mismos. El Supremo resolvió que no habían prescrito y relanzó la causa, cuyos delitos pueden comportar penas de cárcel de no más de nueve años.
El juez también permitió a las partes que presentaran diligencias complementarias. Así, la Unión de Consumidores de Castelló, una de las acusaciones, ha pedido una paralización temporal del proceso al no haber resuelto todavía la Audiencia las nuevas imputaciones requeridas por la UCE, entre otros, los exdirectores generales de los Ministerios de Agricultura y Sanidad, Rafael Millán y Dolores Flores, y la exdirectora general de la Generalitat, Pilar Máñez, y el exsenador Miguel Prim.
