El alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, defendió ayer la última revisión del Plan General de Ordenación Urbana que cuestiona el Tribunal Supremo y subrayó que el fallo del Alto Tribunal "se basa en una Ley de Franco". Bataller reiteró que el fallo, que pide al Consell y al ayuntamiento que repitan la modificación, no anula el PGOU de 2000 y explicó que están estudiando cómo compatibilizar el cumplimiento de dicha resolución judicial con el crecimiento de la ciudad.

"Hay que respetar las decisiones de los jueces, pero hay que ver también que la ciudad continúa su crecimiento y su actividad y, por lo tanto, entre todos tenemos que ser suficientemente responsables para actuar en el momento en que vivimos ahora sobre una sentencia que se basa nada más y nada menos que en una ley de Franco y, por lo tanto, no anula el PGOU", destacó el primer edil en una rueda de prensa en el ayuntamiento. Bataller insistió en que el PGOU "está en vigor", por lo que "todas las actuaciones que se han acometido, de momento, están en vigor, y ahora veremos qué actuaciones hacemos para cumplir la sentencia y evitar males peores al funcionamiento de la ciudad".

El fallo de Supremo tumba la modificación que realizaron el Consell y el ayuntamiento para cumplir la sentencia del mismo tribunal en 2008 que declaraba nulo el PGOU de 2000 por no exponerse una segunda vez al público. Considera que no la ejecutaron de forma correcta al no incluir la legislación vigente. El TSJ avaló este trámite y el Supremo ha corregido tanto la actuación de las dos administraciones como del TSJ. Ahora, el tribunal autonómico ha de ordenar la ejecución de la sentencia, y hasta entonces el PGOU seguirá en vigor. El ayuntamiento puede cumplir el fallo de forma voluntaria o esperar que las partes soliciten su materialización al TSJ. El ejecutivo local podría también solicitar la suspensión del fallo al TSJ, pero los fundamentos expuestos por el Supremo determinarán su resolución final.

El alcalde considera que el Alto Tribunal se ha fundamentado en la legislación franquista. Fuentes municipales concretaron que se refirió a la Ley de Suelo de 1976 y al Reglamento de Planeamiento de 1978, mientras el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, añadió que el Supremo cuestiona las leyes urbanísticas que hizo la Generalitat (LRAU y LUV) y, en su opinión, pide "que nos remitamos a leyes preconstitucionales".

La sentencia de 2008 del Supremo afirmó que la LRAU, en vigor desde 1994 a 2006, no garantizaba la participación pública y que contravenía la Ley de Suelo Estatal. Esta última obligaba a promover dos exposiciones al público en los planes generales y la autonómica sólo comprendía una.

"Traje de comunión"

De momento, el PP desconoce cómo aplicará el fallo. Bataller aseguró que, como pide la sentencia, darán voz a los vecinos recurrentes y, preguntado sobre si habrá que iniciar de nuevo todo el proceso, dijo que no lo sabe y respondió: "Es como si ahora me obligaran a mí a ponerme el traje de la comunión, por lo que veremos cómo repercute esta sentencia en el funcionamiento de la ciudad".