Un informe de la Generalitat Valenciana sobre la adaptación de los exámenes para que los discapacitados puedan opositar avala que Vanessa Font (la joven invidente a quien el Ministerio de Justicia no le ha adaptado la prueba a su deficiencia visual) "necesita" una adaptación de medios consistente en la "lectura del examen en voz alta de las pruebas tipo test por parte de un examinador". Esta respuesta difiere con la del Ministerio de Justicia que se negó a que un examinador le leyera las preguntas del examen para optar a un plaza de Auxilio Judicial en 2010. El ministerio únicamente le facilitó una ampliación del texto a un DIN A3. Vanessa tiene una discapacidad visual de un 87 por ciento por lo que no puede leer, por mucho que le amplíen la letra. Es más, la joven cuenta que en ese mismo examen, a invidentes totales también se dieron, únicamente, la ampliación a DIN A3.
Pese al informe del Consell, Vanessa se vuelve a presentar a las oposiciones de Justicia convocadas para el próximo 19 de febrero y, nuevamente, el Ministerio de Justicia le ha negado la posibilidad de hacer el examen oral porque, según se argumenta, "un examen realizado de esta manera no ofrece las debidas garantías, ya que podría ser impugnado con posterioridad por considerar que se le habían leído mal las preguntas".
La afectada ha vuelto a presentar un recurso y espera una contestación antes del examen. De no obtenerla, al igual que hizo en 2010, Vanessa pedirá a un vigilante que le ponga el nombre en el examen y se saldrá del aula sin poder responder el cuestionario. Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya se ha comunicado que trasladarán el asunto a su gabinete jurídico ya que consideran que "vulnera el principio fundamental de igualdad de oportunidades, así como el artículo 24 de la Constitución donde se recoge el derecho de acceder a un empleo público en igualdad de condiciones".
