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La Conselleria de Medio Ambiente no esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su primer intento de legalización del "parany" y confirmó ayer que comenzará de forma paralela la búsqueda de fórmulas alternativas para crear otra normativa que ampare esta caza prohibida por el Tribunal Europeo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), el Tribunal Supremo y el Código Penal.
Esta decisión implica que la Generalitat no se conformará con acatar la próxima sentencia del Tribunal Constitucional, que aún está resolviendo un recurso del Gobierno central contra la modificación de la Ley de Caza de la Comunitat Valenciana que pretendía legalizar el "parany" en octubre de 2009. Antes de las elecciones generales de 2011, conselleria había insinuado ante los incondicionales del "parany" que la llegada del PP a la Moncloa permitiría la retirada del recurso de inconstitucionalidad y restablecería la polémica ley de caza. Sin embargo, el propio Gobierno de Rajoy se ha negado a intervenir en el asunto y afirma que aguardará a la sentencia del Constitucional.
No lo hará así el Gobierno Valenciano. La propia consellera de Medio Ambiente, Isabel Bonig, anunció la semana pasada ante los "paranyers" un nuevo intento de legalización. Eso sí, los portavoces de la conselleria corroboraron ayer que la Generalitat "aún no sabe" ni cómo se articulará esta reforma legal ni cuáles serán los argumentos jurídicos. "No podemos decir cómo se hará ni avanzar ningún detalle. Lo que podemos decir es que se va a comenzar una ronda de reuniones para buscar las fórmulas".
La conselleria tampoco ha aclarado de qué modo salvará la colisión con una hipotética sentencia del Constitucional, la legislación europea, el Código Penal, las sentencias del Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo, el TSJ y la Audiencia Provincial de Castelló.
De hecho, la legalización del "parany" se antoja aún más compleja después de que el nuevo Código Penal haya tipificado explícitamente como delito la caza con métodos no selectivos y de que la propia Audiencia Provincial (antes reacia a considerar delito el "parany") haya cambiado de criterio para adaptarse al mencionado Código Penal.
El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) estima que los más de 1.000 paranys activos en Castelló (hasta hace dos años 2.000) han matado durante la última década más de 20.000 aves migratorias protegidas. Además, Gecen advirtió ayer a la consellera Bonig que "ir políticamente de la mano de los intereses de Apaval (asociación de "paranyers") supone asumir políticas que masacran la avifauna y son contrarias a derecho".
