La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas exigirá ante el Gobierno que el nuevo concepto de dominio público o la remodelación que se haga tenga de la normativa "tenga efectos retroactivos" con el fin de restituir o reparar acciones ya emprendidas como, por ejemplo, los derribos realizados en la costa de Almenara.
Así lo ratificó ayer el portavoz de la entidad, José Ortega, que se desplazó hasta la localidad valenciana de El Puig para asistir a un encuentro en el que definir posturas ante el cambio previsto en la normativa. "De lo que estamos escuchando y las propuestas que están saliendo hay cosas que no nos convencen, como el caso de la desafección de las zonas degradadas", indicó Ortega, quien explicó que "de esta manera se pueden tomar decisiones arbitrarias y proteger unos núcleos sí y otros no, validar áreas con muchas viviendas de grandes propietarios o por ejemplo las de las viejecitas que viven en Moncofa no".
Cabe recordar que precisamente desde el Ministerio se hablaba de utilizar esta fórmula para desafectar las viviendas de Xilxes, así como núcleos malagueños y de Cantabria.
Ortega insistió al respecto en que "esta decisión puede crear numerosas desigualdades y tratamientos diferentes para casos similares". La propuesta de la plataforma es "que se trate a todos por igual, así consideramos que lo mejor sería redefinir de nuevo el concepto de dominio público marítimo terrestre y volver a su afección antigua, la que perduró durante 108 años, y es que debía llegar hasta donde afectaran los temporales ordinarios, no los extraordinarios".
Regeneración "urgente"
Durante la sesión, los representantes del colectivo nacional también anunciaron que exigirán "medidas de regeneración urgentes e importantes". Ortega subrayó que "uno de los puntos que más lo necesita es el tramo de costa que va de Almenara hasta Burriana, donde se han de realizar acciones e inversiones importantes para ganar el terreno al mar y devolverlo donde estaba y así proteger nuestro litoral".
"No entendemos que no se actúe en necesidades tan urgentes como ésta, donde el deterioro es notable, mientras se invierten hasta 20 millones de euros para realizar una playa en Tenerife donde se encontraba un acantilado", denunció Ortega, que insistió en que "mientras en Palma se quiere hacer una playa con fines turísticos, en el sur de Castelló existen terrenos particulares que ya se encuentran bajo el agua".
"Vamos a ir alcalde por alcalde, ayuntamiento por ayuntamiento para que nos escuchen y formulen sus propuestas para trasladarlas al Ministerio, a quien también recordaremos el borrador que elaboramos para modificar la Ley", dijo Ortega. Así, la plataforma pondrá en marcha una campaña informativa y reivindicativa para dar a conocer sus propuestas y conseguir que éstas reivindicaciones se incorporen a la nueva norma estatal.
