El alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, rebatió ayer las críticas del grupo socialista al gasto en coches oficiales y aseguró que ha contratado un nuevo renting para su vehículo que supondrá un ahorro de casi 20.000 euros a las arcas municipales.

"El compromiso de austeridad y responsabilidad es uno de los puntales fundamentales del trabajo y la gestión del equipo de Bataller y cada una de las decisiones que se llevan a cabo se ejecutan teniendo en cuenta la situación de crisis por la que estamos atravesando", subrayó el primer edil. El ayuntamiento abonará durante cuatro años 59.822 euros por este sistema de arrendamiento. Es una fórmula más económica que la compra de un coche, ya que la concesionaria también asume el mantenimiento durante este periodo. Se trata de un vehículo de alta gama, turbodiésel, de 215 cv, tapicería de cuero, sistema de navegación GPS, climatizador bizona, bluetooth con manos libres y radio CD/USB.

Asimismo, fuentes municipales resaltaron que el equipo de gobierno ha retrasado un año la renovación de este contrato dentro de su política de ahorro.

Por su parte portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Amparo Marco, tildó de "frivolidad intolerable" que el alcalde, Alfonso Bataller, pague 59.822 euros por la adquisición de un nuevo coche oficial, por la modalidad de renting, durante los próximos cuatro años.

En un comunicado, criticó que mientras 21.000 familias de Castellón "sufren el drama del desempleo", el Partido Popular "lo único que sabe hacer es subir los impuestos, empeorar los servicios públicos, desproteger a la ciudadanía y seguir derrochando".

Marco cuestionó el "comportamiento polític" del alcalde y destaca que "el equipo de gobierno no ha presentado en el último año ni un solo proyecto para impulsar la recuperación económica en Castelló".

La dirigente socialista sostuvo que "el ayuntamiento está intervenido por el Gobierno, tutelado por la Generalitat e hipotecado durante diez años por un plan de ajuste abusivo e insolidario" y subrayó el "impacto altamente perjudicial" que tendrán los recortes aprobados por el Ejecutivo estatal "en las economías domésticas y en las finanzas municipales".