Los impagos de la Generalitat están dificultando todavía más la gestión de unas ya alicaídas cuentas del Ayuntamiento de Castelló. El derrumbe de los ingresos y la deuda autonómica trastocaron la previsión inicial presupuesto de 2011. Así, el ejecutivo de Alfonso Bataller se vio obligado a aportar 1,6 millones de euros para financiar actuaciones que competen al Gobierno valenciano, mientras dejó sin completar la totalidad de la partida prevista en ayudas de emergencia social, según consta en el informe de liquidación de 2011.

El equipo de gobierno amplió en 200.000 euros la consignación de emergencia social aprobada en 2011, que pasó de los 1,6 a los 1,8 millones de euros. Al cierre del ejercicio tenía sin ejecutar 27.000 euros, a pesar de que la cifra de solicitudes sociales continuó al alza.

El propósito de los munícipes populares de priorizar el gasto social se vio afectado por las deudas que mantiene con el municipio la Administración autonómica. El año pasado destinó casi el mismo dinero a infraestructuras que competen a la Generalitat que a emergencia social; concretamente sufrago 1,6 millones para expropiaciones del Tram y una obra ya finalizada como la ronda Oeste.

Asimismo y a pesar de la congelación salarial, las retribuciones de la corporación crecieron un 1,4% más de lo previsto en el presupuesto (de 874.757 a 886.916,73). El alcalde de la ciudad dispone de un salario superior (74.000 euros) al del propio presidente de la Generalitat,Alberto Fabra.

El documento de liquidación revela que los ajustes introducidos en 2011-el presupuesto bajo en 18 millones respecto a 2010- fueron insuficientes. El ayuntamiento finalizó la anualidad con 30 millones pendientes de materializar al no cumplirse las previsiones económicas. Siguió previendo un panorama demasiado optimista respecto a los ingresos procedentes de la construcción y, aunque aplicó una importante rebaja en el tributo de obras (10 millones menos), recogió una partida demasiado elevada y ligó la ejecución de la mayor parte de inversiones a la venta de suelo municipal. Al final sólo ingresó 899.000 euros por este tributo (ICIO), un tercio de lo presupuestado, y el traspaso de parcelas públicas se dio de bruces con la crisis de la construcción.

También descendió en 2011 la recaudación de la mayor parte de tasas y de impuestos municipales. El gobierno local tenía pendiente de cobro al acabar el año 31,1 millones de euros . "Si el PP hubiera gestionado con mejor criterio y planificación, Castelló no estaría hundida en un pozo sin fondo y no tendría que haber hipotecado diez años el ayuntamiento con un plan de ajuste draconiano", aduce el concejal de Economía del PSPV, Javier Peris.

Déficit de ocho millones

Los gestores populares han ido incumpliendo de forma sistemática el plan de estabilidad que diseñaron para el periodo 2008-2011, tal como han constatado los diferentes informes de la Intervención General. El PP se ha justificado en la crisis económica mientras los grupos de la oposición han culpado al "despilfarro" y a la "mala praxis" de los ejecutivo local del PP.

El consistorio cerró 2011 con un déficit de ocho millones de euros. Ha suspendido este año las inversiones propias y ha solicitado un préstamo de 45 millones al plan de pago de proveedores a fin de sufragar las deudas de los últimos tres ejercicios que acumulaba con sus proveedores.