La falta de liquidez de la Generalitat y de las empresas de obra pública está ahogando a pymes de Castelló. Quince proveedores de la provincia que trabajan en una infraestructura del Consell como el encauzamiento del barranco de Fraga tienen pendiente el cobro de medio millón de euros, según alertó ayer la Asociación Provincial de Empresas de Excavación y Movimiento de Tierras (Apecas). Este importe lo adeuda la subcontrata y la patronal ha llevado estos hechos ante la Conselleria de Infraestructuras.
Los trabajos de construcción empezaron en 2009 con un importante retraso, pues lo hicieron 16 meses después de que el Consell los adjudicara. El encauzamiento estará listo en un mes y su presupuesto ha aumentado un 20 % (de los 24 a los 30 millones) por dos modificaciones en el trazado original. Los cambios han sido obligados por la aparición de una villa romana en Villamargo y por nuevas exigencias de Adif en el tramo que discurre por debajo de la vía del tren.
La asociación de empresas de excavación advierte que la subcontrata, que procede de Sagunt, está eludiendo el pago de servicios a empresas locales. Señala que debe 500.000 euros a una quincena de proveedores de Castelló y añade que ha dado conocimiento de ello al departamento de Infraestructuras. Fuentes de la patronal recalcaron a este diario que dicha mercantil ya sustituyó a una primera subcontrata que fue remplazada por sus problemas económicos.
Deuda del Consell
"Las empresas de Castelló no deben verse perjudicadas por la falta de control del Gobierno valenciano", afirmó la portavoz municipal del PSPV, Amparo Marco., quien instó al Consell a investigar las quejas planteadas por la patronal de empresas de excavación. "En estos momentos, es más necesario que nunca vigilar el desarrollo de las obras públicas para que las empresas de Castelló no sean perjudicadas y se pierdan más puestos de trabajo", indicó Marcó.
Aunque los hechos denunciados se imputan a la subcontrata, detrás de los problemas económicos de las empresas de la construcción se encuentra la tardanza de la Generalitat en pagar sus compromisos con los acreedores. Cabe recordar que la inversión autonómica en infraestructuras en los primeros cuatro meses del año ha sido de 0 euros en Castelló, lo que denota el estado de parálisis de las inversiones públicas. Asimismo, el Consell acaba de resolver parte de sus retrasos con los proveedores a través de un crédito extraordinario de 4.300 millones de euros avalado por el Gobierno central.
La gran mayoría de las actuaciones que mantiene en ejecución las financia de forma aplazada y la ejecución de obra nueva ha quedado postergada como pronto al siguiente mandato, tal como ha apuntado en diversas ocasiones la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig.
