Castelló mantiene ocho edificios públicos vacíos y el caso más gravoso para las arcas municipales es el viejo asilo de las Hermanas de los Ancianos Desamparados. El ejecutivo local se gastó hace seis años 16,7 millones en adquirir esta dotación, donde previó la ejecución de un nuevo ayuntamiento. Desde entonces, esta dotación permanece en desuso y en esta condición continuará por tiempo indeterminado, pues el proyecto previsto ha sido paralizado por la falta de disponibilidad presupuestaria.

Las nuevas dependencias municipales se han convertido en otro icono de los tiempos del boom del ladrillo. El ayuntamiento programó hace tres mandatos la construcción de un segundo edificio consistorial en el viejo asilo de la calle Gobernador. En 2007 formalizó la compra tras acordar años atrás el traslado de la congregación a otra parcela en la zona de Lledó, ascendiendo el coste de la operación a los casi 17 millones. El equipo de gobierno pretendía derribar el asilo y edificar un edificio de nuevo cuño. En 2008, con la marcha de la orden a sus nuevas instalaciones, el inmueble pasó a su manos. Entonces sólo tenía pendiente cambiar la calificación del suelo a dotaciones público para poder empezar las obras. Pero desembarcó la crisis económica y el proyecto encalló. En 2011 se aprobaba la reclasificación, un trámite que no ha supuesto un despegue de esta actuación. Transcurridos cinco años de la adquisición, el viejo asilo se encuentra sin ocupar y el ayuntamiento ha aplazado sine die el nuevo consistorio.

Siete edificios en desuso

El viejo asilo forma parte de una retahíla siete edificios públicos de la ciudad que están sin ningún uso, caso de la antigua Audiencia Provincial de la plaza Borrull, la comisaría de la ronda Magdalena, la Aduana del Grau, la comandancia de la Marina, la residencia de Suboficiales y la exsede de Hacienda de Huerto Sogueros. El gobierno local sólo prevé acometer de forma inmediata una remodelación en el de Hacienda, cerrado desde 2006. El Gobierno lo cedió en 2010 al consistorio y la UJI para que le dieran un uso conjunto; el primero prevé un centro destinado a asociaciones vecinales y el segundo un plan formativo. El Ejecutivo central amenaza con recuperar su titularidad en 2013 si no se acomete su rehabilitación, de ahí que el ayuntamiento y la UJI hayan decidido tirar adelante con el mismo, que supondrá un gasto global de 7 millones de euros, de los que 4 los pondrá el Consell y tres la Jaume I.

Y mientras crecen las telarañas en estos inmuebles, el ayuntamiento quiere hacerse con la fábrica Dávalos. Hace un año firmó un preacuerdo de compra con el propietario, que contempla inicialmente un proceso de seis para formalizar el traspaso y las obras. El equipo de gobierno entregará cuatro solares municipales de 8,1 millones y 300 plazas de aparcamiento a la propietaria. No obstante, el proyecto se ha demorado un año por la crisis.