Los dos centros educativos del Opus Dei que segregan por sexos y reciben financiación de la Generalitat Valenciana en Betxí defendieron ayer la continuidad de su concierto a pesar de las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo y alegaron que les avala el "derecho constitucional de los padres a poder elegir el modelo de educación que quieren".
Esta fue su respuesta después de que 250 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de la provincia de Castelló, UGT, Esquerra Unida y el PSPV hayan exigido a la Generalitat que suspenda el concierto con los dos centros (Miralvent y Torrenova) y que escuche las dos sentencias del Tribunal Supremo que ilegalizan estas ayudas por ser contrarias a la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006.
Los dos colegios confían en la continuidad de la subvención de la Conselleria de Educación (por la cual reciben 1,6 millones de euros anuales) y así lo ha confirmado por el momento la Generalitat, que alega que las sentencias del Supremo "no afectan a la Comunitat Valenciana porque se refieren a Cantabria y Andalucía, por lo que se va a mantener el concierto". Por si cabía alguna duda de las intenciones del PP, el propio ministro de Educación, Ignacio Wert, anunció públicamente el jueves que respaldará la financiación a los colegios segregadores y que, si ésta incumple la ley, entonces procederá a utilizar su mayoría absoluta para modificar la legislación y hacer que estas subvenciones sean "legales".
Mientras tanto, el sindicato UGT ya estudia iniciar acciones legales y EU y el PSPV han solicitado formalmente ante las Corts Valencianes la suspensión del concierto con los centros Miralvent y Torrenova.
Los dos mencionados colegios pertenecen al Opus Dei y segregan al alumnado a partir de un criterio sexista según el cual no permiten que se matriculen niñas en los centros exclusivos para niños y viceversa. Como trasfondo ideológico basado en supuestas convicciones religiosas, se pretende evitar el contacto físico o social de los niños y las niñas en las aulas y durante sus años más importantes de aprendizaje escolar y humano. El centro Miralvent (masculino) tiene en la actualidad 6 módulos de primaria y 3 de educación secundaria obligatoria (ESO) concertados con la Generalitat, por los cuales recibe 660.000 euros anuales. Por su parte, el Torrenova (femenino) obtiene un pago de 990.000 euros anuales por un total de 6 unidades de primaria, 6 de infantil y 3 de ESO. Tanto Fapa-Penyagolosa como UGT, el PSPV y EU aducen que el Consell no puede continuar financiando centros sexistas con dinero público mientras sigue aplicando recortes sin precedentes en la educación pública.
El Supremo fue tajante al respecto y concluye que libertad de elección de los padres sí, pero no con dinero público. El alto tribunal argumenta que "si bien se reconoce la legitimidad del sistema docente de educación diferenciada por sexos, se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos". Además, los magistrados del Supremo añaden que la imposibilidad de que la Administración pública financie a través de conciertos a este tipo de centros "tampoco perturba ningún derecho constitucional de los padres que conservan el derecho de libre elección de centro y el de los titulares de la creación de centros con ideario o carácter propio".
El "error" de segregar
Dentro del campo académico de la educación, son mayoría los teóricos que defienden una educación integradora y que consideran arcaica y perjudicial la segregación de niños y niñas en las aulas. Una de las expertas más reconocidas en la Universitat Jaume I de Castelló, Auxiliadora Sales, explicó ayer que, en su opinión, "ya hace mucho que se demostró que la enseñanza en grupos heterogéneos es más eficaz, igualitaria y de calidad. Cualquier segregación no es ética ni educativa, y menos en un país en el que protegemos la igualdad de género. Es una separación artificial que impide a los niños aprender a convivir en el espacio escolar y no tiene ningún beneficio académico demostrado".
