Los impagos de la Generalitat están ahogando a los colectivos y centros sociales y programas de empleo de la ciudad. El Consell aguarda el dinero del nuevo fondo de liquidez estatal para solventar las deudas con las entidades sociales. La Asociación de Familiares de Alzhéimer de Castelló (AFA) es una de las organizaciones con más pagos pendientes. El Consell adeuda 500.000 euros que corresponden a mensualidades de 2010, 2011 y 2012. AFA ofrece atención a 400 enfermos de alzhéimer en tres centros de día en Vinaròs, Vall d'Uixó y Onda, más 6 unidades de respiro en Almenara, Nules, Benicarló, Alcora, Castelló y Vila-real. El 31 de agoso clausuró la Pineda de Castelló tras doce años de servicio, aunque en breve prevé abrir un centro de día en Vila-real. Sin embargo, los retrasos del Gobierno valenciano amenazan la supervivencia de los centros de AFA. Su presidente, Emilio Marmaneu, ha advertido en diversas ocasiones que podrían cerrar en noviembre si el Consell sigue sin pagar sus compromisos, aunque hará todo el esfuerzo por continuar.
Por su parte, la Fundación Patim, que impulsa programas de prevención e integración en adicciones u otras conductas, suma una deuda del Consell de 231.000 euros. Este año tuvo que cerrar un taller de empleo por falta de financiación. También se encuentra en una situación asfixiante la Fundación Síndrome de Down, a la que se debe 389.000. Aguantan gracias a la solidaridad de los trabajadores, que llevan varios meses sin cobrar, y de los propietarios de alquileres por retrasar su cobro. Estos son algunos ejemplos de entidades que llevan meses esperando recibir sus subvenciones autonómicas. Los impagos afectan a toda la red social de la provincia.
Los impagos del Consell han puesto al borde del cierre al centro de vivienda tutelada de mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión social de Castelló. La concesionaria, Mujeres en Igualdad, adeuda doce mensualidades a sus ocho trabajadoras por los retrasos de la Generalitat en pagar sus subvenciones. El centro ha ido perdiendo usuarios en el último año y en la actualidad sólo atiende cuatro de sus trece plazas.
Las empleadas temen que el Gobierno valenciano está dejando vaciar la vivienda tutelada para justificar su cierre en diciembre de este año, que es cuando finaliza el periodo de la actual adjudicación. La presidenta de Mujeres en Igualdad, María Luisa Espinosa, afirmó desconocer si se sacará otro concurso y admitió la grave situación económica que atraviesa esta dotación. "Los usuarios lo tienen todo cubierto pero los trabajadores están al límite", reconoce Espinosa, cuya entidad se encuentra en la órbita del Partido Popular.
La Conselleria de Bienestar Social asegura que mantendrá abierto el centro en 2013 y que al respecto está preparando el pliego de condiciones para licitar la nueva concesión. Fuentes de la conselleria señalaron que en caso de que se retrasara la adjudicación se prorrogaría la actual concesión. Sobre la deuda que mantiene el Gobierno valenciano con el gestor, que asciende a los 120.00 euros, las mismas fuentes resaltaron que están intentando agilizar los pagos pero sin concretar un calendario de ejecución.
Mujeres en Igualdad ignora los planes del Consell sobre el nuevo concurso y es llamativo que el centro apenas tenga ocupadas cuatro de sus trece plazas. Hace un año tenía habilitadas doce y la demanda de ayuda para este recurso continúa al alza. "Tenemos a dos mujeres y dos menores y se huele que no quieren ingresar a nadie más", apuntaron por su parte desde el personal. Las ocho trabajadoras están exhaustas tras doce meses sin cobrar y prevén convocar protestas la próxima semana.
Los problemas económicos del centro se arrastran desde hace un año. En julio de 2011, las empleadas denunciaron públicamente que la empresa les debía seis nóminas. Ahora ya son doce. Entonces, la directora general de la Mujer, Celia Ortega , amenazó a la gestora con rescindir su contrato si no abonaba los salarios de las trabajadores. Los impagos han aumentado transcurrido un año.
El Consell debe ocho meses a la gestora y esta, que es una asociación sin ánimo de lucro, no puede hacer frente a sus compromisos sin la financiación del Consell. El Consell adjudicó este servicio en concurso público a la Asociación de Mujeres por la Igualdad en octubre de 2010.
La vivienda tutelada se configura como un hogar parcialmente autogestionado dirigido a mujeres maltratadas o que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Castelló también dispone de otra dotación para mujeres maltratadas, la Casa de la Acogida, que también ha sufrido impagos del Consell.
