El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, lamentó ayer la aprobación de una tasa al consumo del gas y manifestó su "oposición frontal a su aplicación indiscriminada. Es momento de recortar lo que sobra, gravar al que especula y no castigar al que produce". Moliner se pronunció de esta manera después de que la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos, Pavimentos y Baldosas Cerámicos (Ascer) expresara el viernes su "rotundo rechazo" y "gran preocupación" por el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que el Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes y que recoge una tasa que gravará el consumo de gas natural.
Por eso, Moliner anunció que "desde este lunes vamos a trabajar para conseguir que esta tasa no se aplique, al menos, a los metros cúbicos de gas que la industria consume en el proceso de producción cerámica".
El presidente de la diputación explica que "se trataría de aprobar medidas similares a las que ya se aplican en el caso de otros carburantes, como puede ser el gasóleo industrial, gracias al cual los agricultores o los transportistas lo pagan a un precio inferior al del mercado nacional".
En esta línea, Javier Moliner asegura que "yo mismo presentaré una moción de cara al pleno de septiembre en la diputación en la que solicitaremos al Gobierno que tenga en cuenta esta reclamación, que es de Justicia".
"Entiendo perfectamente que el Gobierno está aplicando medidas excepcionales en un momento excepcional, pero los ingresos de gravar con 2,5 euros el megavatio al azulejo castellonense puede generar más perjuicios indirectos que el ingreso directo que se busca", ha explicado ante el anuncio del Gobierno. Moliner, que durante estas semanas de incertidumbre ha mantenido varias reuniones y contactos, incluso con el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado que "nuestra industria ha hecho importantes esfuerzos para reinventarse y y recuperar el camino de la rentabilidad y la estabilidad laboral, y este anuncio puede hacer inútil el intenso trabajo del sector cerámico. La Diputación de Castelló va a estar al lado de sus empresas y sus trabajadores para convencer al Gobierno de que haya excepciones a esta norma en el caso de los sectores productivos".
Además de trasladar al Consell su mediación ante el Gobierno para que actúen para evitar las consecuencias que puede tener para la economía castellonense este céntimo verde, Moliner, en su condición también de presidente del PP de Castelló, conminará a Manuel Cervera, vicesecretario del PPCS para asuntos nacionales y responsable de la oficina parlamentaria de Castelló, "a trabajar desde el lunes en la documentación que para paliar el efecto de esta tasa en la industria azulejera. Si no, podemos perder en Castellón lo que se quiere recuperar en España". Según ASCER, esta nueva tasa supondrá "un duro golpe a la competitividad y, consecuentemente, a la actividad industrial azulejera". A su juicio, "ataca directamente a la línea de flotación del sector" y, de aprobarse finalmente, supondrá un coste adicional de 30 millones de euros.
