La Generalitat Valenciana revisará el plan de acción de prevención de riesgos de inundación de la Comunitat Valenciana (Patricova)tras ejecutar en una década sólo cuatro de las 17 actuaciones contempladas en Castelló.

El Consell aprobó el Patricova en 2003 con el objeto de garantizar la seguridad en los municipios ante las temidas riadas. Implica a todas las administraciones y recoge 30 obras en Castelló, de las que 17 corresponden al Gobierno valenciano, cuatro a la Diputación de Castelló, dos a la Confederación Hidrográfica del Júcar, 2 a Renfe, dos al Ayuntamiento de Orpesa y una a Benicàssim. El presupuesto global asciende a los 122 millones.

Transcurridos nueve años, el Consell es la administración que presenta un peor balance. En Castelló únicamente ha materializado un 23% de reformas. Y con este bajo nivel de ejecución, el Consell se presta ahora a modificar el Patricova. La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, avanzó ayer que se formará un grupo para impulsar el documento administrativo a la revisión del mismo, "ya que había deficiencias detectadas desde el punto de vista urbanístico".

El Patricova depende en esta legislatura del departamento de Agricultura y Agua, pero también implica a la Conselleria de Territorio al fijar una serie de normas en los nuevos desarrollos urbanísticos al objeto de minimizar el riesgo de inundaciones. A la luz de este plan se emiten informes de inundabilidad obligatorios en proyectos previstos en suelo urbanizable. De ahí que la conselleria de Isabel Bonig mantenga una vinculación con el Patricova.

En principio, el plan contra inundaciones iba a estar vigente hasta 2011. La Conselleria de Medio Ambiente inició en 2009 un proceso de revisión que quedó inconcluso y ahora este proceso está en manos de los departamentos de Agricultura y Territorio. La conselleria de Bonig modificará los elementos relacionados con la planificación urbanística. Desde 2003 se han aprobado unas leyes urbanísticas (Ley Estatal del Suelo o Ley de Ordenación Autonómica) y en el área urbanística el Patricova ha quedado desfasado cuando queda pendiente desarrollar casi el 80% de sus actuaciones..

El Gobierno valenciano ha acabado desde 2003 el encauzamiento del tramo final del río Servol en Vinaròs, el encauzamiento del barranco Juan de Mora en Nules, la eliminación de badenes en Segorbe y prácticamente ha culminado el encauzamiento el barranco de Fraga.

Cabe destacar que esta última infraestructura comporta la mayor inversión de todas las obras previstas en Castelló (30 millones). Es una vieja reivindicación de la zona sur de la capital de la Plana, que viene reclamando este encauzamiento desde 1991.

En el tintero se han quedado los encauzamientos de los barrancos del Sol y Canters en la capital de la Plana, dado que la ejecución de ambos está ligada al desarrollo del PAI Mestrets, un proyecto urbanístico de 4.000 viviendas que se encuentra paralizado por la justicia. Asimismo, el Consell tiene pendiente los encauzamientos de los barrancos de Cantallops y de les Palmes en Benicàssim, el del barranco de Rampudia en Orpesa o el drenaje al mar del barranco de Moles en Peñíscola. Hay otras obras sin desarrollar en Benicarló, Alcalà de Xivert, Benlloch, Montán, Caudiel, Viver, Burriana, Benicarló y Espadilla. Por su parte, ha cumplido la CHJ, que culminó en 2007 el encauzamiento del río Seco y que tiene en obras el encauzamiento de la rambla de Alcalà de Xivert. El Ayuntamiento también ha finalizado la conducción que se le encomendó.