Las 250 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Castelló integradas en Fapa-Penyagolosa rechazarán que los niños acudan con fiambreras a los comedores escolares y promoverán que los consejos escolares voten desfavorablemente, según confirmó ayer Fapa-Penyagolosa.
Los padres argumentan que la Conselleria de Educación no ha establecido una regulación clara y que sigue en el aire quién va a cuidar de los niños, quién va a vigilar que el manejo de los alimentos sea correcto y quién va a garantizar la seguridad de los pequeños.
La decisión de las ampas parte del hecho de que Generalitat ha anunciado -aunque sin ningún documento por escrito- que serán los consejos escolares de cada centro los que tendrán potestad para aceptar o no la implantación de la medida.
A este respecto, las ampas advierten que la conselleria delegaría de este modo cualquier responsabilidad sobre los consejos, que serían los autorizadores y responsables de cualquier incidente que se pudiera producir.
Las ampas subrayaron ayer que no están dispuestas a asumir esta responsabilidad y también lamentaron que la medida de la Generalitat Valenciana esconde "un intento de eliminar un derecho básico como el de los comedores escolares; un servicio que ayuda a conciliar la vida familiar y laboral y que apoya a las familias más humildes que ahora lo necesitan más que nunca". Estas eran las palabras de la presidenta de Fapa, Dolores Tirado, que advirtió a la Generalitat que debe rectificar sus políticas de forma urgente.
El descontento también se ha extendido en el seno del colectivo de directores de colegios de primaria de Castelló, que denunció ayer la "absoluta falta de información y de instrucciones concretas para aplicar la medida".
Los portavoces de los directores destacaron en primer lugar que los centros no pueden autorizar una medida que desconocen: "no nos han dicho ni de qué manera ni cómo autorizarlo, ni cómo se van a atender las necesidades que implica esta medida".
Del mismo modo, un importante sector de los mencionados directores muestra su disconformidad con la introducción de las fiambreras en los comedores porque "esconde toda una intencionalidad de eliminar el servicio de comedor escolar".
No en vano, este servicio, incluyendo las becas, cuesta a la conselleria entre 6 y 10 millones de euros anuales en los 151 colegios públicos de Castelló. Este gasto es uno de los principales lastres en las cuentas de una Generalitat que arrastra todavía un impago de cerca de 18 millones de euros a los colegios e institutos castellonenses, según confirmaron fuentes de los propios centros y del sindicato UGT.
Esta cantidad se corresponde con un cuatrimestre de los gastos básicos de funcionamiento de los 51 institutos de educación secundaria (IES) de la provincia -equivalente a alrededor de 5 millones de euros-, los gastos de funcionamiento de los 151 colegios públicos -2,7 millones de euros- y de las escuelas infantiles -385.000 euros-, así como el importe pendiente de las becas de comedor y de transporte del curso pasado en los colegios -10 millones-.
El PSPV se reúne con Fapa
A este respecto, el secretario provincial del PSPV, Francesc Colomer, el vicesecretario provincial José Martí, la portavoz socialista del ayuntamiento, Amparo Marco, y el concejal Joan Morales se reunieron ayer con Fapa-Penyagolosa para conocer las principales carencias escolares y exigir soluciones al Consell y al consistorio.
