La patronal cerámica Ascer no acepta paños calientes y rechaza de manera frontal, sin matices, una nueva tasa que grave el consumo de gas a la industria azulejera. Ascer dibuja un panorama apocalíptico y advierte de que la aplicación del tributo energético conllevará la destrucción de empleos y el cierre de empresas.
Representantes de la patronal se reunieron ayer con miembros de la Diputación de Castelló para explicar la postura del sector frente al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Ambiental y Sosteniblidad Energética que pretende acabar con el déficit de la tarifa energética. Ascer manifestó su rechazo a la aplicación de la tasa e incidió que no acepta "soluciones intermedias", en clara alusión a la propuesta del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien aseguró anteayer que negocia con el Ministerio de Industria una rebaja del 30% para el azulejo.
El empresariado considera que el gas que la industria española consume para su producción "no guarda relación con el déficit tarifario" y, por tanto, "no debe ser instrumentalizado para ese fin". "Utilizar al gas natural como solución recaudatoria traslada una carga insoportable a la actividad eminentemente exportadora azulejera", añade.
La asociación empresarial incide en que la nueva tasa recogida en el Proyecto de Ley "gravará el consumo de gas natural y supondrá un gravísimo perjuicio para la industria cerámica y a su competitividad, abocando a las empresas a pérdidas y con la consecuente destrucción de empleo y cese de la actividad".
"Estas medidas complican aún más la difícil situación que atraviesa el sector y comportarán una pérdida de competitividad insalvable frente a otros países productores, poniendo en cuestión la viabilidad y posibles inversiones futuras de la industria. El 70 por ciento de las ventas se dirigen hoy a la exportación, y ese alto coste adicional, intransferible a nuestros precios, nos situará fuera de mercado", alerta Ascer.
La patronal cerámica dice "no entender" que el Gobierno, "que en numerosas ocasiones ha reconocido el papel de la industria exportadora como palanca sobre la que apoyar la recuperación económica de España, tome una medida de importancia tan radical sin haber realizado una evaluación pormenorizada de las consecuencias catastróficas para los sectores exportadores".
"Este impuesto ataca directamente a la línea de flotación del sector que, de aprobarse finalmente en la tramitación parlamentaria, supondrá, en el nivel de consumo actual, un coste adicional de 30 millones de euros. Este efecto demoledor no será fruto de las condiciones del mercado o de la capacidad competitiva de la industria, sino de una medida arbitraria de la administración que recae en la industria española".
