El proyecto de la Ciudad de las Lenguas suma ahora un nuevo contratiempo. La Generalitat deberá contar con el aval del Gobierno para poder trasladar el aeródromo del Grau, donde ha previsto erigir el recinto idiomático.
Esta nueva condición, que revela la consellera de Turismo, Lola Johnson, en una respuesta parlamentaria al grupo de Compromís, ralentiza todavía más el desarrollo de un recinto idiomático que se encuentra en proceso de redefinición y cuyo inicio de obras se ha pospuesto a la legislatura siguiente.
Johnson señala que si se plantea oficialmente su clausura, aunque el Gobierno no es el propietario de la superficie, se "ha de contar con un informe previo y vinculante" del mismo "de conformidad con lo previsto en la Ley de Seguridad Aérea".
La consellera reitera que el Gobierno cedió el suelo en 1958 al ayuntamiento con la condición que mantuviera en el lugar un campo deportivo de aviación. El ayuntamiento contrató en 2010 los servicios del despacho de abogados J&A Garrigues a fin de determinar sus derechos sobre esta superficie y negociar el traslado del aeroclub al aeropuerto de Vilanova.
El consistorio asegura que dispondrá de los terrenos sin pagar un euro y que no habrá problemas para que el aeroclub cambie de lugar, pero para ello necesita un dictamen de la Administración central, dado que esta lo entregó con la exigencia de que siguiera como aeródromo.
No obstante, aún queda un largo periplo para que el ayuntamiento adquiera estos terrenos. Asimismo, hay un 20% de los 425.000 metros cuadrados donde se prevé la ciudad de las Lenguas que están ocupados por otros usos; un 13% corresponde a un campo de tiro y un 7% a viviendas privadas.
El Consell, que promueve este proyecto, ha relegado la Ciudad de las Lenguas y sólo ha previsto redefinir su contenido en este mandato. Sus trámites empezaron a andar en 2005 de la mano de José Luis Gimeno, a quien se le encargó poner en pie esta dotación turística-idiomática tras ceder la alcaldía a Alberto Fabra. El exprimer edil fue relegado en 2008 y en siete años esta infraestructura no ha avanzado un ápice. El Consell quiere ahora ampliar su oferta a los idiomas de países emergentes. Ha creado una comisión con responsables autonómicos y municipales y ha contratado una consultora por 40.000 euros más IVA.
