La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000 por parte del Tribunal Supremo deja sin cobertura legal las modificaciones urbanísticas aprobadas en doce años y retrotrae el planeamiento al Plan General de 1984. Para evitar una parálisis total en la trama construida, la Generalitat ha optado por suspender el anterior PGOU de 1984 y por promover un régimen normativo transitorio que ofrece un paraguas legal a las zonas construidas y PAI aprobados desde 2000. De esta manera, se mantendrán paralizadas las unidades pendientes de urbanizar.

"La transformación urbanística producida bajo la vigencia del Plan General de 2000 resulta irreversible. Desde 1984 Castelló ha vivido una urbanización de suelos urbanos que el plan de dicho año no contemplaba, por lo que no es suficiente suspender licencias para preservar la viabilidad de la ordenación urbanística, ya que impediría cualquier actividad en suelos edificados", señala el decreto de la Conselleria de Territorio que regula el régimen transitorio y que ayer publicó en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. El departamento de Isabel Bonig recuerda que bajo el influjo del PGOU de 2000 se han producido los cambios derivados del encauzamiento del río Seco o del soterramiento de la vía férrea.

Inicialmente, las construcciones levantadas quedaban al margen de la resolución y ninguna zona residencial corría peligro, pero el departamento de Isabel Bonig ha querido asegurar su vigencia suspendiendo el PGOU de 1984 y aprobando una normativa urbanística provisional que salvaguarda los usos consolidados. Con esta normativa el ayuntamiento podrá seguir impulsando licencias de reforma o de nuevas actividades en las zonas de la ciudad urbanizadas nacidas al amparo del Plan General de 2000.

El Consell y el ayuntamiento temían que manteniendo el PGOU de 1984 la parálisis urbanística habría sido mayor al quedarse sin cobertura legal las zonas residenciales del PGOU del 2000.

El régimen transitorio se mantendrá hasta que el ayuntamiento restituya el PGOU de acuerdo con lo que dictamina la sentencia del Tribunal Supremo, es decir, exposición al público el PGOU de 2000 incorporando las nuevas leyes y modificaciones urbanísticas aprobadas en doce años. Este proceso finalizará en abril de 2013.