El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló reclamó ayer al Consell que le pague dos mensualidades pendientes que superan los 12 millones de euros y que clarifique cuál será su presupuesto ordinario para el próximo año.
Este fue uno de los principales temas que se sacaron ayer a debate en el máximo organismo de decisión de la universidad castellonense, que lamenta que aún no ha recibido ni la mensualidad ordinaria de agosto ni la de septiembre.
Según expuso el rector de la Jaume I, Vicent Climent, los impagos y la falta de información sobre las transferencias del próximo año están impidiendo que se elabore de forma adecuada el proyecto de presupuesto para 2013.
Es por ello que la UJI ya se ha puesto en contacto con la Dirección de Universidades de la Generalitat Valenciana para pedir una solución urgente.
No en vano, los proyectos de la universidad se ven cada vez más condicionados por la falta de liquidez de la Generalitat Valenciana y el contexto de crisis económica global.
El último ejemplo de estas dificultades fue ayer la renuncia del Consell de Govern de la UJI al proyecto de construcción de minipisos de alquiler en el campus, los cuales irían destinados a estudiantes, profesorado y trabajadores. El motivo de la anulación de este proyecto se deriva de la negativa de la empresa concesionaria a seguir adelante dada la coyuntura económica.
Al parecer, la mercantil ha esgrimido algunas de las condiciones de mínima rentabilidad económica plasmadas en el contrato, que se enmarcaba dentro de un convenio de la Universitat Jaume I con el Ministerio de Vivienda, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Castelló.
No obstante, el rector subrayó que dejará el proyecto en reposo y no descarta estudiar la pertinencia de su licitación en un futuro a medio o largo plazo.
Incidente del Espaitec
El rector de la UJI, Vicent Climent, informó ayer al Consell de Govern de la apertura del procedimiento informativo por los altercados y la posterior carga policial en el Espaitec durante una protesta estudiantil contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.
Dicho procedimiento se ha traducido ya en un primer informe preliminar en el que el rectorado reitera su condena a cualquier acto violento y destaca que, según los diferentes testigos, se habría confirmado tanto la actitud violenta de algunos manifestantes -varios de ellos no universitarios- como la intervención "desproporcionada" de la policía.
De uno u otro modo, el rectorado ya solicitó la semana pasada a la Conselleria de Gobernación que interrumpa cualquier sanción administrativa a los manifestantes estudiantes que protagonizaron altercados en el Espaitec y alegó que será la propia universidad la que, si procede, impondrá las medidas disciplinarias correspondientes.
