La Fiscalía investiga si Rubert cometió prevaricación o malversación en el caso PIAF

Nuevo paso en la investigación del expediente de los 600.000 euros en facturas irregulares endosados por el anterior alcalde de Vila-real, Juan José Rubert, al Banco Sabadell. La Fiscalía de Castellón notificó oficialmente el pasado martes al Ayuntamiento de Vila-real, como parte denunciante, la apertura de diligencias de investigación penal al considerar que existe una "presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental" después de examinar "las presentes diligencias".

En este decreto de la Fiscalía también consta que se pudo cometer alguna irregularidad no solo con la facturación presentada por la empresa PIAF, sino también en la prórroga del contrato por el servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones municipales que se firmó en octubre de 2006 por un valor anual de 370.000 euros. "En el citado escrito se ponen de manifiesto presuntas irregularidades tanto en las prórrogas del contrato, al no haberse cumplido con las formalidades legalmente establecidas, como en la facturación presentada al consistorio", se puede leer en este documento que también se ha remitido a los denunciados, el exalcalde popular Juan José Rubert y la mercantil PIAF SL.

Respecto a esta nueva fase, el actual primer edil de la ciudad, José Benlloch, justificó que se había hecho pública esta notificación "en la línea de transparencia absoluta que se ha seguido durante todo el proceso". El máximo responsable municipal espera que, tras los pasos dados por el ayuntamiento que consistieron en impedir el pago de estas facturas y remitir el expediente a la Fiscalía, sea la justicia la que se pronuncie. "Desde el ayuntamiento hemos cumplido con nuestra obligación; ahora debe ser el fiscal y la justicia los que asuman la investigación y determinen las posibles responsabilidades, un proceso para el que contarán con la total colaboración del consistorio vila-realense", indicó Benlloch que aseguró que se están cumpliendo "todos los pasos y dando audiencia a todas las partes que puedan dar explicaciones sobre lo sucedido".

Los hechos que pueden ser motivo de delito se produjeron poco antes de las elecciones municipales, algunos cuando el anterior alcalde de Vila-real ocupaba el cargo en funciones. Según explicaron los responsables del equipo de gobierno actual, Rubert firmó una serie de pagos mediante endosos bancarios a PIAF, empresa encargada del mantenimiento de edificios e instalaciones municipales por valor de 600.000 euros, por servicios "que no coincidían con el objeto de contrato o de los que no había constancia de su realización".

Los funcionarios municipales detectaron estas irregularidades e iniciaron un expediente para determinar qué facturas eran o no exigibles. Tras investigar los trabajos facturados y consultar con los técnicos, el expediente interno se cerró inicialmente en mayo y después se abrió un periodo de alegaciones. Benlloch decretó en junio la anulación definitiva de las facturas por valor de 600.000 euros y el pasado mes de septiembre se desestimó, por extemporáneo, el recurso interpuesto por el exalcalde Rubert y se dio por cerrado el expediente que, a instancias del departamento de Intervención Municipal, se remitió a la Fiscalía de Castellón.